Según un informe presentado hoy por el Banco Mundial y Fundación Telefónica, existen 7 fallas o inhibiciones que impiden que los proyectos y programas del Ministerio de Gobernación y demás instituciones del sector Justicia, cumplan con su función de disminuir los índices de violencia y delincuencia en el país.

Entre las fallas que detecta el estudio está la falta de datos consolidados y actualizados en las instituciones encargadas de impartir justicia y brindar seguridad, ausencia de planes integrales de prevención de la delincuencia, poca participación de la sociedad civil, la debilidad institucional, falta de capacitación de agentes de seguridad en las nuevas tecnologías, escasa infraestructura policial y legislación insuficiente para combatir el crimen.

Al respecto, Renzo Rosal, director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, expresó que este es un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial y Ministerio Público; debido a la situación de violencia que se vive en el país y “por el trabajo que han dejado de hacer”.

El analista recomendó implementar políticas públicas que realmente combatan el crimen organizado y la delincuencia común, así como la corrupción y la impunidad, en vez de realizar compras de insumos como armas, vehículos o cámaras de seguridad, pues aseguró que éstas solo persiguen intereses «oscuros», pero que no muestran resultados, pues los esfuerzos son dispersos y no mecanismos paralelos.

El Latinobarómetro 2012, estudio dedicado a recoger datos a través de entrevistas en varios países, detalla que en Guatemala, al 51% de sus habitantes le preocupa el incremento de pandillas y maras; y que la violencia consume el 7.3% del Producto Interno Bruto del país; reflejado en gastos en salud, contratación de seguridad privada y reducción de inversión extranjera.