El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque envió al Congreso el informe de la situación de los Derechos Humanos en 2013, en el cual destaca la preocupación por la conflictividad social causada por la negación del Estado a realizar consultar populares.

El informe circunstanciado, que se entregó de forma privada,  detalla las situaciones que han generado conflictividad social en el país y establece las recomendaciones que debería considerar el Estado.

El  PDH considera que por las características que presentan, los  detonantes  que han causado conflictividad  en varios puntos del país han sido la “incomprensión social a las demandas y derechos de las comunidades indígenas”,  limitada de información que existe para llevar a cabo proyectos extractivos y cambio de matriz de energía eléctrica, falta de diálogo interculturales, negación e irrespeto del Estado a realizar consultas populares para proyectos y la descalificación, el estigma y rechazo a la demanda social o sea la “criminalización de la demanda social”.
El informe del ombudsman indica que todo esto se origina al no tener respeto por la cultura de las diferentes etnias del país por las actitudes racistas y discriminatorias hacia las poblaciones indígenas.

La Procuraduría indica que otros elementos que originan las causas de conflictividad  social son la confusión que existe en las instituciones de gobierno en torno a un política de diálogo y que el Estado no cumpla con  el artículo seis del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el hacer consultas comunitarias, así como al artículo 63 del Código Municipal que permite al Concejo Municipal realizar consultas  populares como acontezca un asunto de trascendencia.

EJEMPLOS
El informe del PDH señala cinco casos ilustrativos de conflictividad social en el país: El de la represa de Chixoy, la resistencia pacífica en La Puya, San Rafael Las Flores en Santa Rosa, Barillas en Huehuetenango y el caso Rubén Herrera quién es ejemplo de la criminalización de los sujetos que demandan sus derechos.

PIDEN APROBAR LEY DE MINERÍA
La PDH establece como importante que sea aprobada una nueva Ley de Minería donde se contemplen porcentajes idóneos de regalías y que pueda abrir espacios de información sobre este tipo de políticas extractivas que afectan territorios de pueblos y comunidades, en especial las indígenas. 
El informe también contiene el estado de otras situaciones de derechos humanos en el país en el marco de seguridad y justicia.