En la reunión que sostuvo recientemente la Gremial de Transportes de Rutas Cortas Extraurbanas con el Ministerio Público (MP) se abordó la problemática que enfrentan empresarios y pilotos por el cobro del denominado impuesto de circulación.
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La Fiscalía Contra el Crimen Organizado y empresarios de buses extraurbanos sesionaron con el fin de determinar lineamientos para darle seguimiento a este fenómeno social que se ha acrecentado en los últimos días.
El fiscal contra la corrupción Jorge Luis Donado, indicó que una de las principales conclusiones que surgieron fue que las personas u organizaciones calculan el monto que deben pagar los transportistas, dependiendo del número unidades de transporte que posee cada empresa.
Donado añadió que el MP tiene «casi la certeza» que esta operación no se realiza por parte de personas individuales, sino de grupos o maras. También añadió que una persona hace el requerimiento del dinero, otra vigila y otra realiza el cobro.
El MP ha logrado determinar que existe mucho temor por parte de los pilotos en cuanto a su integridad, esto debido a que las extorsiones, en lo habitual, van acompañadas de amenazas.
Las extorsiones a buses se realizan en puntos determinados de la ruta, sobre todo en rutas cortas extraurbanas, el MP además ha determinado que algunos de los cobros son efectuados por niños enviados por los extorsionadores.
Cuota
Cien y 150 quetzales diarios es la cuota que los transportistas deben pagar a los extorsionadores, no obstante, siempre se estima la cantidad de buses que pueda tener cada empresa de transporte, la cantidad aproximada semanal que pagan los propietarios según información del MP es de 10 mil quetzales semanales.
Planes
El fiscal contra el crimen organizado se refirió también a que las acciones del MP para contrarrestar estos actos ilícitos deben ser integrales. «No sólo se deben marcar las líneas de investigación, esto debe formarse por un plan de seguridad preventiva», resaltó.
Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el Ministerio Público para la implementación de investigaciones que contrarresten este fenómeno es la baja cantidad de denuncias que los pilotos realizan a esta entidad, esto hace que el MP no pueda trabajar con base a denuncias formales.