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La casa real española expresó su «respeto a las decisiones judiciales» tras conocer el auto del juez instructor del llamado «caso Nóos», una trama de corrupción que desde hace tres años salpica a Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y ya imputado en la causa.

En un auto de 227 folios, el juez Castro sostiene ahora que existen indicios penales suficientes para citar a la infanta, copropietaria de la entidad Aizoon, una sociedad de la que Urdangarin se habría servido para defraudar a Hacienda y desviar parte de los seis millones de dinero público de los que presuntamente se apropió.

«A nadie debiera escandalizar que se pretenda formular (a la infanta) preguntas al respecto», dice el juez Castro en el documento. «Presumir que quien supuestamente se ha lucrado de la manera expuesta desconociera por completo de lo que se le estaría hablando y que por ello no merecería la pena preguntarle no es de recibo».

«La intención defraudatoria para la Hacienda Pública está a la vista y sus protagonistas llevaron a cabo todos los actos que debieran consumarla, lo que no consiguieron porque la Agencia Tributaria detectó oportunamente la desconexión de esos gastos con las actividades del ente al que se le cargaban», reza el auto.

El juez considera «falsas» una serie de facturas y dice no poder compartir «a priori» el criterio de la Agencia Tributaria de calificar como deducibles gastos amparados «por documentos en los que concurren serias y graves irregularidades, indiciarias de delito».

«Este Juzgado no cree hacer tambalear los pilares del Estado de Derecho (…) por que se pretenda preguntar por los pormenores de tales hechos a quien era partícipe al 50 por ciento de Aizoon, esposa del titular del resto del capital social, que tenía el domicilio social en el suyo propio y que además se lucró cuando menos en la mitad del importe defraudado», indica en el escrito judicial.

   El magistrado atribuye también a la infanta Cristina la contratación «en negro» de su servicio doméstico y destaca que ella misma participaba en la selección del personal.

El abogado de la hija del rey anunció hoy que recurrirá ante la Audiencia de Palma la imputación. Miquel Roca dijo que discrepa de la decisión del juez Castro y que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma para evitar que la infanta tenga que declarar el próximo 8 de marzo.

Es la segunda vez que la Justicia española imputa a la hija menor del rey. En la primera, en abril de 2013, no llegó a declarar ya que el juez suspendió la citación tras un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción ante la Justicia española, causando polémica en el país.

En aquella ocasión, el juez apreció indicios de que la infanta pudo consentir que su parentesco con el rey de España fuera utilizado por Urdangarin -junto a su ex socio Diego Torres- para llevar a cabo presuntas actividades ilegales en el instituto Nóos, una entidad pública en torno al deporte.

Hace un mes, la Fiscalía española se opuso públicamente a la imputación de la infanta, al considerar la inexistencia de pruebas que pudieran vincular a Cristina con actividades delictivas. «Las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación», señaló entonces el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

También el fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, afirmó en varias ocasiones que no existen indicios para imputar a la infanta Cristina. Solo el colectivo Manos Limpias, personado como acusación popular, reclamó una implicación penal.

   El llamado «caso Nóos» ha hundido a la monarquía española en la peor crisis de imagen del reinado de Juan Carlos. Hace unos días, la casa del rey reconoció que los tres años de instrucción fueron «un martirio» e instó al cierre del caso.

«Hay que confiar siempre en la Justicia, siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado (…) y lo único que pedimos es que termine pronto», dijo en una entrevista a Televisión Española el jefe de la casa del rey, Rafael Spottorno.