A veces creo que sólo en Guatemala ocurren sucesos que lo dejan a uno perplejo, como el caso del desproporcionado incremento salarial de la titular de la Contralorí­a General de Cuentas de la Nación, que, por medio de un acuerdo gubernativo, el presidente ílvaro Colom dispuso duplicar el sueldo de esa funcionaria y de colaboradores suyos, sin que se sepa que haya dudado en algún momento en adoptar esa decisión, al contrario de lo que aconteció con el salario mí­nimo, que el mandatario, antes de aprobarlo porque los representantes de los sectores laboral y empresarial no se pusieron de acuerdo, mantuvo su habitual indecisión, a sabiendas del impacto que provocarí­a en decenas de miles de trabajadores que se encuentran al borde de la miseria.

Al guardar las abismales diferencias en lo que respecta a preparación académica, experiencia, honestidad y otras habilidades propias de burócratas de alto rango, con la ignorancia generalizada que caracteriza a los asalariados, derivada de múltiples factores que no le son directamente imputables,  quienes si acaso estudiaron hasta el tercer año de primaria o sencillamente son analfabetas, se podrí­a argí¼ir que no hay punto de comparación entre la contralora Nora Segura y a los obreros y campesinos guatemaltecos; pero, de todas maneras, el nuevo sueldo de la favorecida por decisión unilateral del gobernante, que es de Q70 mil mensuales, resulta una bofetada a los trabajadores rurales y urbanos que a partir de este año percibirán Q2,040 al mes, contra Q2,333.33 que gana diariamente la titular de la CGCN.

   Y eso sin tomar en consideración factores tan determinantes como los que se refieren a que un elevado porcentaje de finqueros, hacendados y latifundistas en general no reconocen la obligación del salario mí­nimo, en tanto que otros ni siquiera pagan el séptimo dí­a, lo que determina, además de otros elementos de juicio, que el 54% de la población viva en situación de pobreza y cerca del 30% se encuentre en estado de indigencia.

   Pero esos indicadores no inmutan al gobierno “socialdemócrata” del presidente Colom y sus subalternos de la Secretarí­a de Comunicación Social para disponer de Q30 millones destinados a gastar en propaganda gubernamental durante los últimos dí­as que le restan a la actual administración pública, que incluye la divulgación de “avances y logros” del régimen que agoniza en medio de la reprobación de la mayorí­a de los gobernados, sobre todo de aquellos que acuden a los centros hospitalarios del Estado y que no logran superar mí­nimas necesidades de su salud, porque se carece de medicamentos a causa de falta de recursos.

   Esos gastos superfluos, infortunadamente, no son una peculiaridad del Organismo Ejecutivo, porque también en el Congreso de la República se dilapida el dinero de los contribuyentes a manos llenas, y de esa cuenta es que el Parlamento gasta un Q1.8 millones mensualmente en el renglón de telefoní­a celular y servicio de internet para los honorables padres de la patria, al extremo que según informaciones oficiales de la Dirección Administrativa abundan los diputados que utilizan dos, tres o más aparatos móviles, para mantenerse en constante y productiva comunicación telefónica con sus simpatizantes, familiares, amigos, funcionarios públicos y propietarios y usuarios de determinados establecimientos de dudosa actividad.

   Sin embargo, el presidente del Congreso, contradiciendo la versión de la Dirección Administrativa de ese organismo, aseguró que a los “diputados se les otorga un celular, con lí­mite (de llamadas) de Q500”, aunque admitió que “depende de la responsabilidad” de cada legislador, y casi nadie ignora el grado de honorabilidad de por lo menos algún parlamentario.

   Y sobran los ejemplos sobre infamias, contradicciones e inequidades.

   (El campesino Romualdo Tishudo se acerca tí­midamente al dueño de la finca y le dice:-Discúlpeme, patroncito, pero hace seis meses que no cobro mi salario. El cafetalero le responde frí­amente: -No tengás penas, acepto tus disculpas).