Uno pensaría que los promotores de la economía de libre mercado tendrían que entender que si todos los insumos de la producción han aumentado de precio en los últimos cinco años, no hay razón lógica ni valedera para que en Guatemala el salario mínimo sea la única excepción. Cualquier empresario sabe que desde hace un lustro hemos visto el constante aumento de los bienes y servicios que requerimos para producir, pero inexplicablemente a la hora de que se tiene que discutir el salario mínimo en las comisiones paritarias establecidas por ley, existe una oposición tenaz a que el mismo sea modificado y el gobierno anterior, acogiendo la tesis empresarial de que tenía que usarse la productividad como patrón, no sólo no autorizó aumento alguno sino que de paso anuló el último que había sido aprobado en la administración de Portillo.
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Cuando uno conversa sobre este tema con empresarios, todos dicen de manera automática que el salario real si ha subido y que sus empleados ganan más del mínimo establecido en ley. Y se produce aquí otra contradicción, porque si todos o al menos la inmensa mayoría ya está pagando más del mínimo a los trabajadores, ¿cuál es la razón para oponerse de manera tan empecinada a que sea revisado el salario mínimo actual para ajustarlo, por lo menos, a los índices de inflación?
Cuál es la misteriosa e inexplicable razón, a juicio de los que se oponen dogmáticamente al aumento del salario mínimo, por la cual toda la materia prima y todos los servicios necesarios para producir se han encarecido escandalosamente en los últimos años y especialmente en estos doce meses, sin que con el factor del trabajo ocurra lo mismo. No encuentro una explicación lógica y acorde con la ciencia económica a esa discrepancia a la hora de tomar en cuenta los factores de la producción.
Por supuesto que el salario mínimo no es una solución a los problemas de quienes viven de un sueldo y tienen que mantener a sus familias con el producto de su trabajo y nunca los ajustes por inflación han sido suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pero al menos un ajuste anual ayuda a que los que están en la última escala puedan paliar sus angustias. Si el proveedor de papel nos dice, por ejemplo, que subió el precio en el mercado internacional, no podemos sino aceptar como una realidad económica que todo se ha encarecido, pero cuando se trata del tema de los salarios las leyes de la economía parecen ser inexistentes. Y no hablo de las leyes morales de justicia social ni de comportamientos éticos que propicien una compensación básica elemental para la subsistencia del trabajador, sino de las puras y absolutas leyes de la economía que para algunos resultan irrefutables, salvo cuando se tengan que aplicar al tema del salario.
Al productor de la materia prima, al especulador de los combustibles y al proveedor de servicios indispensables como luz y telefonía, no les podemos mandar al chorizo si nos aplican un aumento que no se discute ni se objeta. Pero al trabajador que reclama míseros incrementos en su sueldo lo mandamos a la punta de un cuerno porque con ellos sí que tenemos el poder de distorsionar las leyes del mercado.