El asesinato de los tres diputados al Parlamento Centroamericano ocurrido el 19 de febrero ha acaparado la atención, tanto en el ámbito polí­tico como en el sistema judicial y de seguridad.

Para la investigación que el caso conlleva el Ministerio Público ha designado a más de 60 personas entre fiscales y personal auxiliar de diferentes unidades del ente investigador para apoyar en la recolección de las pesquisas.

Algunos jefes de fiscalí­a se han quejado por el retiro del personal de sus unidades, han argumentado que muchos de los procesos judiciales que se ventilan en la Torre de Tribunales se han estancado como consecuencia de la falta de investigadores.

La Fiscalí­a de Delitos Contra la Vida es de donde más se ha designado personal para la investigación especial, «la precisión que se tiene para los resultados positivos de este caso es muy grande, se nos ha pedido que trabajemos las 24 horas del dí­a y de ser necesario ocupamos los fines de semana», informó una fuente.

Varios juristas critican algunos fallos emitidos en contra del Ministerio Público, durante marzo la fiscalí­a ha perdido dos casos de impacto social donde los acusados han resultado absueltos por falta de pruebas y por una mala investigación, según los argumentos de los tribunales sentenciadores.

Algunos abogados se han atrevido a argumentar que una de las causas de los fallos absolutorios podrí­a ser el exceso de atención dado al caso del fallecimiento de los diputados salvadoreños y la poca dedicación a los otros procesos.

Empleados del Ministerio Público cuentan que el personal designado para la investigación del caso Parlacen, sí­ la necesidad lo amerita, es enviado de un momento a otro a diligencias al interior de la república, que requieren que el mismo dí­a retornen a sus labores en la ciudad capital no importando el número de kilómetros que halla que recorrer.

Los salvadoreños Eduardo D’Aubuisson, José Ramón González, William Pichinte Rizzier y el conductor del vehí­culo donde estos se transportaban, fueron retenidos de forma ilegal cuando llegaban a nuestro paí­s para asistir a una sesión del Parlacen, luego fueron trasladados hacia la finca Parga donde según investigaciones del MP habrí­an sido torturados, minutos más tarde sus victimarios les dan muerte y los cuerpos son incinerados.

Las primeras pesquisas dieron como resultado la detención de cuatro agentes de la División de Investigación Criminal (Dinc), Luis Arturo Herrera López, Gustavo José Adolfo Gutiérrez, Marvin Escobar y José Korki López, estos fueron trasladados a la cárcel El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa, dí­as más tarde fueron asesinados.

En la actualidad por ese caso guardan prisión el ex agente Marvin Contreras Natareno, Linda Castillo Orellana, Carlos Amí­lcar Orellana Donis, Mario Javier Lemus Escobar y Obdulio Estuardo Waldemar de León Lemus, considerados hasta hoy como parte de los autores materiales.