Los funcionarios del actual gobierno sostienen que se ven obligados a recurrir a los fideicomisos y a la contratación de ONGs para la realización de obra pública y hasta para realizar compras, por la ineficiencia del Estado para ejecutar los presupuestos. Justamente ese mismo argumento fue el que dio paso a que se emprendiera el camino de jugarle la vuelta a los escasos mecanismos de control y fiscalización mediante esas prácticas que impiden a la Contraloría de Cuentas siquiera soñar con el acceso a las cuentas públicas de los gastos del Estado.
Efectivamente las instituciones públicas son inútiles e ineficientes para cumplir con sus fines, pero esa ineptitud no es casual ni parte de su naturaleza, sino provocada de manera maliciosa para alentar cabalmente los mecanismos de corrupción que se ocultan en figuras como el fideicomiso que impide la fiscalización en el manejo de los recursos del Estado.
Constitucionalmente no hay excusa ni la Contraloría podría esgrimir las cuestiones del secreto bancario para obviar su responsabilidad de auditar hasta el último de los centavos que se gastan del erario. Pero como excusas quiere la vida, según el refrán, encontraron la perfecta para hacerse babosos de su obligación y responsabilidad y de esa cuenta la gran tajada, la parte más jugosa del presupuesto de gastos, se desvía (literalmente hablando es un desvío de fondos) tanto a los fideicomisos como a entidades no gubernamentales y organismos internacionales que se convierten en verdaderos escudos para justificar la corrupción.
¿Ha hablado algún gobernante de la reforma del Estado para asegurar la eficiencia de las instituciones? Por supuesto que no porque ello no está dentro de las prioridades de nadie que llega simplemente a seguir con la corruptela que es ya secular. A cuenta de qué se van a preocupar por revertir la inutilidad institucional, si la misma es el pretexto perfecto para que puedan desviar los fondos a su sabor y antojo. Tras tantos gobiernos en los que se viene repitiendo la cantaleta de que la ineptitud institucional es la que provoca la necesidad de buscar otros instrumentos para gastar los recursos del erario, porque la capacidad de ejecución de ministerios y direcciones generales es francamente penosa, lo lógico sería que una prioridad para cualquier equipo político fuera reformar las instituciones para hacerlas eficientes.
Pero cabalmente porque ello es tan obvio, resulta también demasiado obvia la razón por la que no lo hacen. Y es que ese marasmo es el caldo de cultivo perfecto para que todos puedan embolsarse recursos del Estado y para que en cada administración surja una nueva clase de millonarios que amasan su fortuna a costillas del pueblo.