Dulce Guerrero, de 18 años, mantuvo silencio sobre su condición de inmigrante indocumentada hasta inicios de este año, cuando la policía la paró por una infracción de tráfico y su madre fue encarcelada dos noches. El arresto sucedió en momentos en que los legisladores, en Georgia, estaban preparando lo que sería una de las más severas leyes de inmigración en el país, y Guerrero temía que su madre fuese deportada.
«Pienso que ese fue mi límite, cuando mi mamá fue encarcelada», dijo Guerrero, que llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 2 años. «Sentí que ya, peor que esto no hay, mi madre está en la cárcel».
Guerrero anunció por primera vez su estatus como ilegal en una protesta en marzo, y organizó una marcha bajo la tutela de activistas más experimentados. El nuevo movimiento de jóvenes inmigrantes declarando su estatus no autorizado recibió luego un impulso cuando un periodista laureado con el Premio Pulitzer reveló que estaba viviendo en el país ilegalmente.
Guerrero fue la principal organizadora de una marcha el 28 de junio ante el capitolio Estatal de Georgia en la que inmigrantes sin papeles adolescentes contaron sus historias. Guerrero y otros activistas esperaban llamar la atención sobre la difícil situación de centenares de miles de jóvenes traídos ilegalmente al país por sus padres cuando eran niños.
En otras partes del país, las gestiones de activistas jóvenes han abarcado desde marchas y campañas de cartas hasta sentadas y actos de desobediencia cívica, inspirados por las protestas de derechos civiles de hace décadas, con el objetivo de forzar al gobierno federal a reformar las reglas de inmigración para personas en su situación.
En uno de los casos de más prominencia hasta ahora, el exreportero del diario Washington Post José Antonio Vargas aprovechó una entrevista con ABC News y un artículo en la revista del New York Times para anunciar que es un inmigrante de status irregular oriundo de Filipinas.
«Es muy emocionante», dijo Mohammed Abdollahi, de 25 años y un veterano activista que está ayudando a Guerrero. La revelación de Vargas «muestra que hay gente como nosotros en todos los niveles de la sociedad, la gente no se da cuenta de lo estadounidenses que somos», dijo.
Algunos en la comunidad temen que la admisión de Vargas de que él empleó documentos falsos para obtener su licencia de conducir traiga consecuencias negativas, pero eso ilustra las dificultades que enfrentan los inmigrantes ilegales para conseguir sus objetivos, dice Abdollahi.
Aquellos que revelan su estatus se vuelven más vulnerables, pero eso no significa que tienen que abandonar el país inmediatamente. Algunos han sido deportados pese al respaldo de sus comunidades, que piden que se les permita quedarse. Otros, como la estudiante universitaria de Georgia Jessica Colotl, han conseguido indultos temporales.
Mandeep Chahal, una estudiante con honores en la Universidad de California en Davis, y su madre recibieron un aplazamiento en su orden de deportación a finales de junio, luego que Chahal, de 20 años, hiciese campaña en Facebook para evitar ser enviada de regreso a la India.
Partidarios de una aplicación más estricta de las leyes de inmigración a menudo reconocen que los jóvenes en situaciones como esa están entre los casos que generan más simpatía, pero dice que legalizarlos aún presenta problemas.
«Los propios jóvenes estadounidenses graduados de universidades están pasando trabajo para encontrar empleos -particularmente los hispanos y los negros- y eso añadiría potencialmente de un millón a dos millones de personas más a competir legalmente en el mercado laboral», dijo Roy Beck, director ejecutivo de NumbersUSA, que favorece controles más estrictos en la inmigración. «Así que aunque los argumentos por esos jóvenes inmigrantes son persuasivos, tenemos que reconocer que legalizarlos perjudica a nuestros propios jóvenes».
Cuando organizaba la marcha del 28 de junio, Guerrero dijo a sus amigos lo aliviada que se sentía tras revelar su estatus. Pero nunca trata de presionar a otras personas a que revelen que están ilegalmente en el país, a menos que estén listas y entiendan las posibles consecuencias.
En su activismo está siendo aconsejada por Abdollahi y Georgina Pérez, de 22 años, que han ayudado a organizar otras protestas y marchas y tienen antecedentes similares. Abdollahi fue traído de Irán a Estados Unidos cuando tenía 3 años y creció en Michigan. Pérez arribó con su madre desde México cuando tenía 2 años, y vivió primero en Los íngeles y luego cerca de Atlanta.
Ambos le ofrecen a Guerrero las perspectivas de activistas dispuestos a arriesgarse a ser arrestados -y deportados- por sus convicciones. Abdollahi, que ha estado organizando protestas desde 2009, fue detenido brevemente con otros tres activistas luego de una sentada en la oficina del senador republicano John McCain en Arizona el año pasado. Pérez fue arrestada luego que ella y otros seis jóvenes inmigrantes se sentaron en una intersección en el centro de Atlanta y bloquearon el tráfico.
El proceso de deportación iniciado contra Abdollahi no ha pasado de las etapas iniciales, y las autoridades de inmigración no han hecho nada contra Pérez. El gobierno de Barack Obama no ha prometido no deportar a jóvenes inmigrantes en esa situación, pero la secretaria de Seguridad Nacional ha dejado claro que no se trata de una prioridad.
Aún así, la amenaza de verse obligados a dejar el país pesa sobre quienes deciden anunciar su estatus de ilegales.
«Yo estaba super nerviosa», dijo Pérez, «lo hice porque para que estudiantes lo revelen, tienen que ver algo, alguien tiene que dar el ejemplo».
Lo más difícil, dijo, fue cuando ella le dijo a su madre de sus planes la noche antes de la marcha y su madre se disculpó por ponerla en esa situación.
«Es como que uno no puede vivir plenamente, y ella lo sabe, y eso le causa dolor», dijo Pérez, conteniendo sollozos. «Yo le agradecí haberme traído aquí. Yo le dije: ‘No vuelvas a decirme eso. No te disculpes»’.
Guerrero le pidió a Pérez que hablase en su escuela sobre la DREAM Act, una propuesta bipartidista de ley en debate en el Congreso que legalizaría el status de muchos jóvenes traídos ilegalmente al país por sus padres cuando eran menores de edad. La medida ha sido presentada varias veces en el Congreso, pero no ha sido sometida a votación.
Los padres de Guerrero son muy protectores y ella habla de cuánto sacrificaron para criarla a ella y a sus hermanos en Estados Unidos. Ellos están orgullosos de ella, y respaldan su activismo, pero están asustados, dice.
«Ellos me han guiado todo lo que han podido», dice. «Es hora de que yo tome mis propias decisiones, y si ello significa revelar públicamente mi status como inmigrante ilegal, eso es lo que hago».