En octubre de 2010 publiqué varios artí­culos referentes a la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que, basados rigorosamente en la letra muerta de la Ley y muy puntillosos para aplicarla  en este caso, declararon con lugar el recurso que interpuso una empresa tabacalera transnacional que opera en Guatemala para dejar de pagar Q184 millones de impuestos al año, de los cuales Q18 se destinaban al Ministerio de Salud, argumentando doble tributación.

Los que eran entonces magistrados de la CC, encabezados por el presidente Alejandro Maldonado Aguirre -quien fue reelegido-, con apego a la Ley, ciertamente, pero carentes de conciencia social y moral, hicieron caso omiso de los daños que provoca el consumo de cigarrillos, además de los gastos del Estado para atender la precaria salud de los adictos pobres, porque esos togados no requieren de los servicios públicos, puesto que su sueldo mensual es o era de Q72,716, aunque el presidente de la Corte disfruta de un sueldo más elevado, además de que todos ellos tienen derecho a gastar Q300 mil al año en gastos médicos.

   Traigo a colación estos datos porque algunos ingenuos diputados han presentado una iniciativa de ley encaminada a que entre en vigor  el impuesto derogado por los exquisitos magistrados de la CC para contribuir al presupuesto general de la Nación y dotar de Q18 millones al Ministerio de Salud, cantidad miserable comparándola con las erogaciones de esa cartera sólo en lo que respecta a los casos de cáncer en los pulmones, páncreas, hí­gado, genitales y otros órganos del cuerpo humano; pero la mayorí­a de los integrantes de la actual legislatura han sido indiferentes, ya sea porque le vale un pepino la salud de los guatemaltecos o porque presuntamente han sido sobornados por los generosos empresarios del sector tabacalero.

   Quizá la legislatura que se inicia en enero próximo cuente con el número suficiente de parlamentarios para aprobar el impuestos a la producción y consumo de cigarrillos, no sólo para contribuir a la recaudación fiscal, sino tomando en consideración que ese hábito es sumamente dañino y cuyas consecuencias se extienden a los fumadores pasivos, es decir, las personas que se encuentran en el entorno social del adicto.

   Como no contamos con estadí­sticas nacionales al respecto acudo a informaciones  de la Organización Mundial de la Salud que asevera que casi 6 millones de personas morirán, durante este año, en todo el planeta, de los cuales el 10% son fumadores pasivos y más del 80% del total de esos fallecimientos ocurren en paí­ses con ingresos medios o bajos como Guatemala, y aunque está en vigor una ley que prohí­be fumar en locales cerrados, como una forma de prevenir el tabaquismo y sus nefastas consecuencias, no se cumple estrictamente, porque los propietarios o encargados de muchos establecimientos no les preocupa que sus parroquianos fumen en sus negocios.

   (El enfermero Romualdo Tishudo le pregunta a un diputado:-¿Sabe usted que el tabaco daña al corazón? –Por supuesto que sí­ -responde- y es importante porque el corazón siempre está en movimiento; sólo está parado en los cadáveres).