El movimiento que sacudió España con sus acampadas de protesta, los indignados, se preparaban hoy para volver a tomar las calles en el primer aniversario de su nacimiento.
Las distintas plataformas que integran esta organización heterogénea y de jóvenes en su mayoría, también conocida como 15-M, han convocado cuatro días de protestas, desde el sábado hasta el martes, para volver a alzar la voz contra la clase política en general, la austeridad y la salida que se le está dando a la crisis económica.
El seguimiento que puedan tener las protestas es una incógnita. La irrupción de los indignados hace ahora un año fue prácticamente espontánea y se produjo en un caldo de cultivo diferente al actual, cuando por ejemplo había unas elecciones a la vuelta de la esquina.
Un hipotético éxito supondría un serio contratiempo para la dura agenda de recortes puesta en marcha por el presidente conservador Mariano Rajoy.
«La red existe y es posible que se vuelva a activar», dijo Alessandro Gentile, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. «Constituir el movimiento ha sido relativamente fácil, lo difícil es mantenerlo».
El objetivo es volver a acampar en las principales plazas del país, entre ellas la emblemática Puerta del Sol en Madrid. El gobierno autorizó hasta 35 horas alternas de concentraciones y marchas en la capital española. Pero dejó claro que no permitirá acampadas permanentes.
«Creo que sí habrá una voluntad de permanecer en la plaza más allá del tiempo que se ha concedido», explicó Eduardo Fernández, un estudiante de filosofía de 20 años adscrito a la plataforma Juventud sin Futuro, que tomará parte en las protestas.
«Creo que habrá un cierto pulso con el gobierno», añadió.
En este último año, el movimiento de los indignados ha ido poco a poco desapareciendo de las plazas. Incluso alguna de las organizaciones que dieron origen a la protesta se ha fracturado en luchas internas de carácter ideológico.
Sin embargo, el espíritu ha seguido vivo, sobre todo en las redes sociales, en las universidades, en protestas puntuales y en algunas asambleas de barrio, pero su influencia ha sido escasa.
Su rechazo a los partidos políticos tradicionales no tuvo reflejo en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, que dieron una amplia victoria al centro derechista Partido Popular sobre el Partido Socialista.
«A lo mejor los efectos concretos en las políticas de este país los veremos más allá de este aniversario», consideró Gentile. «Han ganado visibilidad, pero es difícil mantener el compromiso y la credibilidad, sobre todo ahora que ha cambiado el gobierno y los efectos de la crisis se han hecho más fuertes».
«Desde su fundación, el movimiento se ha ido rellenando de contenidos y ha ido aprendiendo a estructurarse dejando su semilla», añadió Fernández.
Los indignados consideran que existen motivos suficientes para mantener viva la llama de la protesta. El desempleo afecta al 24,4% de la población, cifra que llega hasta un 50% entre los menores de 25 años, y los jóvenes no comparten la mayoría de medidas impulsadas por el gobierno de Rajoy, fundamentalmente el abaratamiento del despido en la reforma laboral ni los recortes que han afectado a políticas públicas como educación y sanidad.
«Es una salida de la crisis injusta que solo beneficia a unos pocos, mientras que condena a la mayoría a la miseria», subrayó Fernández. «Tenemos que estar dispuestos a plantear una confrontación clara con un sistema de saqueo permanente de toda la ciudadanía».
Fuerzan a exigente saneamiento de créditos de bancos
El gobierno español ordenó hoy dos auditorías independientes para valorar la cartera de los bancos, a los que además obligó a cubrir con millonarias provisiones adicionales los activos vinculados a la construcción.
Dos días después de la nacionalización de Bankia, el cuarto banco del país, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la cuarta ronda de reformas del sector financiero desde el estallido de la crisis y el colapso inmobiliario en el 2008, en un nuevo intento de sanear el sector, dar credibilidad y abrir el grifo del crédito.
Los bancos deberán captar antes de final de año 30 mil millones de euros (40 mil millones de dólares) adicionales en provisiones, reservas que los bancos guardan para afrontar posibles impagos, para cubrir créditos vinculados al sector inmobiliario teóricamente sanos y al corriente de devolución.
Hasta ahora, estas provisiones sólo se habían exigido para activos tóxicos, créditos e hipotecas impagados. Con esta nueva vuelta de tuerca, el objetivo, dijo De Guindos, es disipar cualquier mínima duda sobre el sistema bancario.
«Es imprescindible que las autoridades tomen medidas continuas para garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre lo que es la rentabilidad y la solvencia de nuestras instituciones bancarias; y eso es lo que ha hecho hoy el gobierno», dijo De Guindos tras el habitual Consejo de Ministros de los viernes.
Tras completarse esta reforma y la de febrero, que ya había obligado a la banca a capitalizar 70 mil millones de dólares adicionales para cubrir activos tóxicos, la cobertura media para la cartera de préstamos al sector promotor y constructor, problemáticos y no problemáticos, será del 45%.
Traducido a números, según el gobierno, supone que los bancos deberán tener una liquidez disponible por valor de 137 mil millones de euros (177 mil400 millones de dólares) del total de 310 mil millones de euros (401 mil 400 millones de dólares) que las entidades financieras tenían concedidos en forma de créditos al sector inmobiliario al final de 2011.
«Es una cobertura fortísima», admitió el profesor de economía Juan José Toribio, de la escuela de negocios IESE Business School. «Mucha de esa deuda es sana. Es difícil pensar que se pueda ir más allá».
Los bancos incapaces de captar esas provisiones podrán acceder a préstamos de dinero público, que tendrán que devolver a un alto interés del 10%.
De Guindos precisó que esos préstamos del Estado, de ser necesarios, serán inferiores a los 15 mil millones de euros (19 mil400 millones de dólares), que fue la cifra inyectada por el anterior gobierno socialista en su primera reforma bancaria.
Además del saneamiento, el gobierno anunció que dos entidades independientes, que todavía no se han nombrado, auditarán la cartera crediticia de los bancos, en respuesta a la creciente percepción internacional sobre la debilidad del sistema financiero español.
Por último, se autorizó a los bancos la creación de sociedades o agencias inmobiliarias, en las que podrán incluir el parque de inmuebles en su poder por el impago de créditos.
Tras una tasación independiente, esas sociedades se verán en la obligación de vender anualmente un 5% de sus activos a precios de mercado, muy inferior tras la constante caída del precio de la vivienda por el pinchazo de la construcción.
De Guindos aseguró que España vive uno de sus momentos más complicados de su historia moderna, con la economía ahogada en la recesión y un desempleo del 24,4%, y afirmó que la confianza en el sector financiero es fundamental.
«Desde el principio de los problemas financieros, España está pidiendo mayores exigencias de provisionamiento y esperando que los mercados lo consideren suficiente», explicó Toribio. «Esto es un intento más, que espero sea suficiente».