Una buena parte de la clase política italiana se mostró indignada hoy ante las amenazas veladas de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, que quiere investigar las ventajas fiscales de la Iglesia Católica en ese país.
El jefe del gobierno italiano, Romano Prodi, no había reaccionado aún a la posibilidad evocada en Bruselas de abrir una investigación, pero dos de sus ministros más importantes condenaron la iniciativa.
El ministro de Justicia, Clemente Mastella, católico centrista, aseguró que las sospechas de distorsión de la competencia que alberga la Comisión Europea son sólo un «pretexto».
Su colega encargado de Infraestructuras, el ex magistrado anticorrupción Antonio Di Pietro, denunció por su parte «una instrumentalización política para poner obstáculos a aquellos que hacen el bien», tras lo cual añadió que la Unión Europea «mejor haría en ocuparse de los paraísos fiscales».
La derecha no se quedó atrás. El partido centrista UDC llegó a acusar a círculos «radicales y masones» en Bruselas.
Monseñor Angelo Bagnasco, jefe de la Iglesia Católica italiana, aseguró por su parte que la institución que dirige había ayudados a muchas personas en el pasado, y advirtió que no había que caer en «prejuicios ideológicos».
La Iglesia Católica en Italia goza en ciertos casos de una exención del impuesto catastral, y una reducción del 50% de la tasa sobre actividades empresariales en los sectores de la salud y la educación.
La Iglesia italiana posee un enorme patrimonio inmobiliario (escuelas, universidades, hospitales, asilos, entre otros), que según el diario La Repubblica llega a los 100.000 edificios, de un valor total de 9.000 millones de euros (unos 12.150 millones de dólares).
El partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, acusó implícitamente a una ministra del gobierno Prodi, la ex comisaria europea Emma Bonino, una de las líderes del pequeño Partido Radical italiano, de estar detrás de las pesquisas de la Comisión.
La izquierda, encabezada por los Verdes, es la única que apoya totalmente la iniciativa de la UE, que fue evocada por un portavoz oficial en Bruselas, tras «denuncias» cuyo origen no fue revelado.
La Iglesia Católica no paga el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria de uso «no exclusivamente comercial» por una disposición votada durante el gobierno Berlusconi y ligeramente modificada por el gobierno Prodi.
Basta que haya un lugar de culto en un inmueble que alberga actividades comerciales para no pagar la tasa, como es el caso por ejemplo de numerosos conventos que acogen peregrinos.
La prensa italiana calcula que los ayuntamientos dejan de percibir anualmente entre 700 millones y 2.500 millones de euros (entre 950 y 3.350 millones de dólares) por ese concepto.
La situación política italiana «es particularmente frágil, y la Iglesia encarna la estabilidad», subraya Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. «Los políticos lo saben y si consiguen presentarse como aliados de la Iglesia, pueden llegar a ganar votos», añadió.