Indí­genas siguen con tenso corte de rutas


Los jefes indí­genas que mantienen bloqueada una ruta en la Amazoní­a peruana lo dicen con claridad: «Mantendremos el corte hasta que el gobierno nos escuche». Allí­, unos 3 mil nativos de 25 etnias aceptaron abrirla hoy por unas horas para calmar un poco la tensión que existe.


La situación es potencialmente explosiva, luego de que el fin de semana pasado se presentaran choques entre nativos y policí­as en otra carretera amazónica, en Bagua, con un saldo por ahora de 34 muertos, de ellos 25 uniformados, aunque los nativos insisten en que las ví­ctimas de su lado son muchas más.

La carretera que une las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas (unos 900 km al norte de Lima) está cortada en cuatro lugares distintos, en cada uno de los cuales están parados decenas de vehí­culos con alimentos, bebidas, materiales esperando que los indí­genas les abran paso.

Tras arduas negociaciones con la Policí­a y la Defensorí­a del Pueblo, los nativos aceptaron dar paso hoy por cuatro horas -dos horas en cada dirección- pero dejaron claro que es una medida excepcional.

«No nos vamos a mover hasta que el gobierno no derogue las leyes que afectan nuestro territorio», dijo Hernán Kariaja, apu (jefe máximo) de la etnia Kandozi, una de grupos guerreros mas respetados de la Amazoní­a, con comunidades desde la frontera con Ecuador hasta cerca de Cusco, en el sur del Perú.

«Nosotros nos enfrentamos a los ecuatorianos en la guerra del Cenepa y ahora nos quieren quitar nuestras tierras», agregó en referencia a una guerra fronteriza con Ecuador en 1995.

«No levantaremos los bloqueos hasta que el gobierno derogue las leyes que atentan contra nuestro pueblos», advirtió a la AFP Bladimiro Tapayuri, jefe del Frente de Lucha de las etnias Cocama y Cocaniche.

Sostuvo que ahora sus demandas también son por la liberación de los indí­genas detenidos tras los enfrentamientos en la ciudad de Bagua (1.000 km al norte de Lima) el fin de semana, que según la Defensorí­a del Pueblo llegan a los 40.

«Que se investigue lo sucedido en Bagua y se nos diga la verdad sobre los cientos de hermanos desaparecidos», dijo.

La protesta de los indí­genas, que se extiende a varios puntos de Perú, busca que el gobierno derogue unos decretos que firmó entre 2007 y 2008 y permiten la explotación de la selva amazónica, lo que los nativos consideran una amenaza a la supervivencia de sus pueblos.

Reyna Isabel Ortiz, una de los lí­deres de la etnia Shabi, dijo que estos decretos vulneran sus derechos y dejarán a sus hijos «sin tierras».

«Ya han comenzado a botarnos de nuestras tierras, ingresan a nuestras comunidades para llevarse la madera», dijo.

Aseguró que empresas de Lima, con engaños, «hacen firmar documentos a indí­genas que no saben leer ni escribir. Les hacen poner sus huellas con engaños y luego los botan».

Los indí­genas, que a lo largo de varios kilómetros bloquean con troncos la ví­a que llega a Yurimaguas, viven y duermen a un lado de la carretera, donde las mujeres cocinan con leña los alimentos.

En ollas grandes cocinan a diario yucas, plátanos y pequeños peces que ellos mismo pescan en el rí­o. En algunos casos los niños, también presentes, pueden comer pan o bizcochos que consiguen en las tiendas.

«Estamos cansados y nos faltan alimentos pero no vamos a dar marchas atrás, porque estamos pensando el futuro de nuestros hijos», señaló Ortiz.

A cinco kilómetros de Yurimaguas, los lí­deres de las etnias levantaron un campamento con carpas donde duermen y se reúnen los lí­deres comunitarios.

Allí­ se planifica el dí­a a dí­a, los pasos a dar y se evalúa si seguirán abriendo la ví­a para el tránsito de camiones con alimentos.

Por ahora la situación es calma, pero la tensión es evidente. El recuerdo de lo sucedido en Bagua está muy presente.

MINISTRA Renuncia


La renuncia de una ministra se convirtió en el primer daño polí­tico para el gobierno peruano por los choques del fin de semana con indí­genas, con un saldo revisado de 34 muertos, mientras que los nativos señalan que mantendrán sus protestas y su principal lí­der se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima.