Margarita Loyos, originaria de Panzós, Alta Verapaz, de la Asociación Polochic Sin Tierra, denunció que en las reuniones con autoridades municipales sólo a los hombres ladinos se les permite estar en la mesa y discutir, mientras que a las mujeres indígenas las relegan a un espacio alejado.
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í‰sta es una escena común, y es más evidente hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres.
A criterio de Irene Barrientos, del Comité de Unidad Campesina (CUC), existen condiciones estructurales en las relaciones sociales y desde las instituciones de Estado que les impiden el goce pleno de su ciudadanía.
Por ello, mujeres indígenas y campesinas organizadas consideran que la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral representa una oportunidad para ejercer su ciudadanía, ya que ellas son las más excluidas y discriminadas por el Estado.
«Las mujeres indígenas y campesinas tienen una serie de obligaciones pero ejercen muy poco sus derechos porque muchas de ellas no los conocen, como producto de los roles que la sociedad nos asigna a hombres y mujeres», dijo Barrientos.
A criterio de la entrevistada, al contar con un marco jurídico como la Política y la Ley de Desarrollo Rural Integral, las mujeres indígenas y campesinas ejercerían su ciudadanía al plantear sus necesidades para que poco a poco asuman un rol más protagónico.
«Son una oportunidad porque son integrales, no solo se refiere a tierra para producir sino la equidad en la distribución de la riqueza y en la toma de decisiones», concluyó.