Los indígenas del sur de Colombia que protestan desde hace tres semanas anunciaron que marcharán hacia Bogotá para exigir restitución de tierras y respeto a su autonomía, luego de que una reunión el domingo con el presidente Alvaro Uribe terminara sin acuerdos.
El desplazamiento hacia la capital comenzará el próximo lunes en la ciudad de Cali (suroeste), adonde los aborígenes arribarán el día anterior en autobuses procedentes de varias reservas del departamento de Cauca, dijo Daniel Piñacué, uno de los líderes de la movilización.
Según el dirigente, el recorrido será de unos 500 km y demandará de tres a cuatro semanas.
«El domingo llegamos a Cali y ayer avanzamos rumbo a Bogotá, esa es la decisión tomada por el momento», declaró Piñacué, señalando que la medida se adoptó en una reunión de los directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), tras fracasar el encuentro con Uribe.
Unos 30 mil nativos marcharon entre el resguardo (reserva) de La María y Cali entre el 21 y 25 de octubre, en un recorrido de 120 km, para exigir una reunión con Uribe que se frustró por discrepancias sobre el lugar del encuentro.
La cita se realizó el domingo en La María, pero terminó sin acuerdos.
Uribe propuso una mesa para discutir los reclamos de los manifestantes, entre los cuales el esclarecimiento de la muerte de tres indígenas durante las protestas, supuestamente a manos de la Policía, pero Piñacué sostuvo que era una «maniobra dilatoria».
«Creo que va a ser apoteósica, más colombianos se van a sumar a esta justa causa, pues el presidente no quiere entender que sus leyes y el Tratado de Libre Comercio (con Estados Unidos) nos afectan», sostuvo.
«Hemos asistido a muchas mesas de diálogo sin resultados. No estamos tan interesados en formalizar una más, reclamamos soluciones inmediatas», agregó.
El dirigente señaló que las actividades en Bogotá aún están por definirse, pero anotó que «la minga (movilización) de resistencia es indefinida y la agenda es la misma».
Entre los temas figuran titulación de tierras productivas, violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, «resarcimiento del buen nombre» del movimiento aborigen al que Uribe acusa de estar infiltrado por la guerrilla de las FARC, y adhesión de Colombia a la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.
Piñacué garantizó el carácter pacífico de la marcha y pidió a las autoridades no agredir a los manifestantes. «Si nos provocan estamos preparados, somos guerreros», advirtió el directivo, a quien Uribe pidió recientemente investigar por «incitar a la violencia».
Ayer temprano, antes de que se anunciara el desplazamiento a Bogotá, el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, confió en avanzar en una mesa de diálogo y aseguró que el gobierno respetaría una avanzada hacia la capital.
«El gobierno permite la protesta social desde que se haga de forma pacífica, pero en la medida que se desborde y atente contra la vida y bienes de los ciudadanos, la fuerza pública tiene la obligación de actuar y restablecer el orden», dijo.