Miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), presentaron una denuncia contra dos directivos de la empresa Chabil Utzaj S.A., a quien acusan de detención ilegal y amenazas contra dos lideresas de una comunidad de Cobán.
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La delación fue presentada el pasado miércoles contra de Carlos Withman y Guillermo Urrutia, gerente de la citada entidad que se ubica en Telemán, Alta Verapaz, quienes según el CUC, retuvieron por más de seis horas a asociadas a dicha organización.
La retención se dio el pasado 1 de julio pasado cuando miembros de la comunidad indígena y campesina de esa región se concentraban para realizar una manifestación en Telemán en protesta al ataque que habían sufrido un día antes en la Finca El Recuerdo donde salió herido uno de los manifestantes, según el CUC.
Daniel Pascual, dirigente campesino, declaró que los guardias de Withman y Urrutia retuvieron a María Martín Domingo y Fabiana Ortiz Sales por más de seis horas. Abogados del CUC plantearon una exhibición personal en el Juzgado de Panzós, Alta Verapaz lo cual permitió su liberación.
Testimonio
La denuncia recientemente presentada en el MP incluye el testimonio de las personas que fueron retenidas: «indios (…) que no dejan que haya desarrollo, si no dejan de protestar los vamos a matar», narró una de las víctimas.
Las agraviadas denunciaron, además, que los guardias manipulaban sus armas y las amenazaban con matar si no desistían de sus actividades.
Tanto Martín Domingo como Ortiz Sales ampliaron la denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos.
Sin respuesta
Se intentó obtener la versión de las personas denunciadas; sin embargo, la empresa no aparece en los registros telefónicos.
Los empresarios manifestaron un día antes de la presunta detención en un matutino nacional que «los invasores» habían respondido con violencia, pero que se había «respetado su integridad física».
La citada entidad privada promueve el cultivo masivo de caña en el área de Polochic y presuntamente arrendaron la finca Los Recuerdos ubicada en esa región. Los empresarios justificaron, además, que cuando el ingenio azucarero entre en operaciones, la empresa dará trabajo a cerca de dos mil persona y que el mismo constituye «un importante polo de desarrollo en una de las zonas más pobres del país», manifestaron.
Los denunciantes reiteraron que las acciones asumidas por los empresarios «son ilícitas y de ninguna manera pueden justificarse».