Grupos indígenas estaban a la espera de que el gobierno peruano proponga hoy al Congreso derogar dos decretos sobre la explotación de la Amazonía que rechazan y que generaron una crisis saldada con 34 muertos.
La derogación de los decretos fue acordada el lunes en una reunión entre el jefe de Gabinete Yehude Simon con una docena de «apus» o líderes nativos de la etnia amazónica asháninka en un poblado de la selva central del país.
«Esperamos que este compromiso se cumpla, luego retornaremos a nuestros pueblos para que el país quede totalmente tranquilo», dijo Lidia Rengifo, secretaria general de la Asociación General de Pueblos Indígenas de la Selva Central, a la radio RPP.
La decisión de Simon marcó un retroceso en el conflicto con los nativos. Hasta ahora, en dos meses de protestas indígenas, el gobierno había defendido la validez de las normas cuestionadas.
Tanto los partidos de derecha como de izquierda criticaron el giro del gobierno y señalaron que de haberse tomado anteriormente la decisión de anular los decretos se habrían evitado los choques del 5 y 6 de junio en la ciudad de Bagua (noreste), que dejaron 24 policías y 10 nativos muertos.
El proyecto para derogar los decretos será debatido en el Congreso, donde el Ejecutivo espera que sea aprobado en el menor tiempo posible para poner fin al conflicto.
Otro dirigente nativo, Percy Amaro, de la etnia asháninka, rechazó las acusaciones del oficialismo de que detrás de sus demandas está el presidente boliviano Evo Morales.
«Lo desmiento tajantemente, no ha habido ninguna intromisión de ideología externa, sólo la voluntad de nuestro pueblo de plantear nuestras demandas, nosotros tenemos capacidad de dialogar de igual a igual con las autoridades», subrayó.
Sin embargo, el gobierno insistió este miércoles en que hubo una intervención boliviana.
El canciller José García Belaunde acusó a Evo Morales de ser «enemigo» de Perú y de tener «vocación mesiánica» ya que «ha asumido que tiene que liberar» al pueblo peruano del gobierno de Alan García.
«Creo que ha asumido que él tiene una representación de la población indígena de su país y de los otros países. Ha asumido que tiene que liberar al pueblo peruano del gobierno de Alan García más o menos, creo que tiene una vocación mesiánica», declaró a una radio limeña.
García Belaunde sostuvo que hay demasiados «indicios y huellas» de que existe un propósito de intervención boliviana para incitar a la violencia en Perú.
La decisión del gobierno de proponer la derogación de los dos decretos se produjo en momentos en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo instó a consultar a los indígenas sobre la explotación de la Amazonía.
La OIT expresó «grave preocupación» por los choques entre policía e indígenas, y recordó «la obligación del gobierno de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta de los pueblos indígenas y su participación, que es piedra clave del Convenio» sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por Perú en 1994.
Mientras tanto, llegó a Lima el relator especial de ONU sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, James Anaya, para evaluar el conflicto entre el gobierno y las etnias amazónicas.
Anaya tiene previsto reunirse con ministros, con la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino; y con los dirigentes de los pueblos indígenas.