Delegados del gobierno y dirigentes de las protestas indígenas acordaron ayer dialogar para resolver el conflicto generado por el rechazo a concesiones mineras e hidroeléctricas en una comarca.
El obispo católico José Luis Lacunza, que actuó como mediador, leyó partes del acuerdo que incluye medidas inmediatas como la liberación de todos los indígenas detenidos el domingo en el desalojo de los bloqueos a la carretera Panamericana, el retiro de la policía de la zona de conflicto, así como de los manifestantes. Estos deben regresar a sus casas.
«Se ha entablado una mesa», en la que mediará monseñor Lacunza, dijo el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien prometió que el gobierno indemnizará a la familia del indígena muerto durante el operativo policial del domingo.
El diálogo tocará la espinosa demanda indígena de incluir una veda a los proyectos mineros e hidroeléctricos en la comarca ngobé buglé en una ley especial para proteger los recursos ambientales y no renovables de esa región.
Uno de los nueve puntos convenidos establece que la Asamblea Nacional reconsidere y vuelva al primer debate un proyecto de ley sobre el tema, del cual habían suprimido el artículo con la veda en cuestión.
El gobierno ha dicho a los indígenas que no impulsará exploración ni explotación minera en su comarca, pero que no puede descartar la construcción de hidroeléctricas en ese territorio, por considerar que esos proyectos son importantes para el futuro energético del país.
La cacica general de esa comarca, Silvia Carrera, dijo que accedió a firmar el acuerdo para evitar más violencia y porque su pueblo tiene «paciencia», pero advirtió que «no se va a doblegar hasta que haya una ley especial» de protección a los recursos en sus tierras.
«Tengo fe en que se cumpla lo que está pactado en este documento», señaló Carrera durante el acto de la firma en la localidad de San Lorenzo, en la occidental provincia de Chiriquí.
«Voy a firmar pero (no queremos) mañana o de aquí a 15 días o un mes volver a cerrar las calles porque el pueblo me ha dicho a mi claro ‘no queremos hidroeléctricas, no queremos minas’ porque eso no es desarrollo para la comarca ni para el país» pues de esas actividades solo se benefician empresas extranjeras, agregó.
Criticó la decisión del gobierno de cortar el servicio de telefonía mobil antes y después del despeje de la Panamericana el domingo. «Se nos coartó la libertad de comunicación», señaló la dirigente.
El gobierno adujo que lo hizo por razones de seguridad nacional.
Más temprano, millares de indígenas que habitan la zona oriental de Panamá marcharon pacíficamente hasta la casa presidencial en la capital para exigir diálogo y un compromiso serio del gobierno. Poco después de que la manifestación llegó a su destino, se anunció el acuerdo.
Obreros en el occidente de la capital también hicieron piquetes y maestros en la central provincia de Veraguas marcharon por varias avenidas.
En la localidad de Viguí y San Félix, las zonas en donde se concentraron los focos de protestas de los días reciente, los indígenas se apostaron a los lados de la carretera en espera del resultado de las conversaciones.
Las indígenas bloquearon desde hace una semana diferentes tramos de la carretera Panamericana hasta que la policía despejo la vía el domingo en una acción que dejó un fallecido, 40 heridos y 44 aprendidos entre ellos 10 menores de edad, según informes oficiales. Los manifestantes afirman que los detenidos eran cerca de un centenar.
El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, pidió el martes en un fechado en Ginebra que «se investigue y esclarezcan las circunstancias de la supuesta muerte de un manifestante indígena, con el fin de sancionar las personas responsables».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno panameño a «garantizar la integridad física y seguridad de líderes y miembros del pueblo indígena ngöbe buglé» y garantizar los servicios de salud a todos los heridos.
Igualmente pidió al Estado panameño adoptar de manera «urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos».
Las protestas surgieron cuando los indígenas estimaron que el anteproyecto de ley consensuado hace un año con el gobierno, había sido traicionado. En ese entonces las autoridades, presionadas también por protestas de los aborígenes, derogaron una reforma al código minero que abría las puertas a inversiones en el sector.
El gobierno sostiene que ese acuerdo hablaba de la protección del recurso hídrico no de prohibir proyectos hidroeléctricos.