Con el paso del tiempo la corrupción generó un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo humano en el ámbito mundial. Guatemala no escapa a esta realidad, pues en opinión de expertos, además de consideraciones de ética pública, la corrupción desincentiva el desarrollo y reduce los recursos públicos disponibles, lo cual se traduce, por ejemplo, en menos hospitales o educación de peor calidad.

De la misma forma, coinciden en que la corrupción también distorsiona el modo en que los gobiernos usan los recursos financieros del Estado y mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

En 2013, Guatemala ocupó el lugar 133 entre 187 naciones del mundo y el último en Centroamérica, en el índice del Informe Global sobre Desarrollo Humano de ese año, divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El reporte utilizó indicadores como esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad e ingreso nacional bruto per cápita para indicar que generalmente; el país perdía tres posiciones respecto a 2012 cuando ocupaba el puesto 130, lugar que ahora ocupa Irak.

Cabe mencionar que en Centroamérica el mejor puesto lo ocupa Panamá, en la posición 60; Costa Rica en la 62; El Salvador, 107, un puesto menos que el año pasado; Honduras, 120, y Nicaragua, 129, dejando a Guatemala en el último lugar, con el puesto 133.

Entre los aspectos más relevantes del estudio del PNUD destaca que el país tiene los mismos indicadores de población en riesgo de caer en la pobreza y en pobreza extrema de hace dos años, pues uno de cada diez guatemaltecos tiene riesgo de llegar a esta categoría.

Además el 14.5 por ciento de 15 millones de habitantes que se calculan en Guatemala, se encuentra en la pobreza extrema, y la línea de pobreza nacional es de poco más de la mitad de la población, es decir, 51 por ciento.

Otra manifestación de esa situación precaria es el gasto público, donde, por ejemplo, para la prestación de servicios de salud, apenas se destina el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

“PERAS CON MANZANAS”
Para Renzo Rosal, investigador de la Universidad Rafael Landívar, a estas condiciones vienen a sumar, los sobornos, la malversación de fondos, el nepotismo, la burocracia y el tráfico de influencias en los procesos de toma de decisión, como manifestaciones típicas de la somatización del Estado guatemalteco y de los gobiernos de turno.
Asimismo, el ultimo Índice de Democracia que elabora cada dos años la fundación alemana Konrad Adenauer, coloca a Guatemala en el puesto 17 de 18 países de América Latina en cuanto a mayor riesgo democrático, situación que según el entrevistado, pone en evidencia la necesidad de profundizar los esfuerzos respeto a la democracia, a los derechos y libertades sindicales, a la calidad de las instituciones y a la consolidación del sistema de representación política.

Este informe de la organización alemana coincide con el del PNUD en el sentido de reconocer los avances económicos y sociales que se han tenido en la última década en el país, sin embargo, pese a su importancia en el mejoramiento de la calidad de vida, no alcanzan para que el desarrollo democrático sea sostenido y pleno.

Rosal explica que el tema de las malas calificaciones en comparación con otros países obedecen principalmente a que la percepción de corrupción en el país sigue siendo fuerte en los últimos años, lo cual ha repercutido en los resultados “dramáticos” de las evaluaciones en materia de desigualdad, marginación y exclusión social, así como en los grandes rezagos en temas de transparencia de la gestión pública.

El analista de la URL indica, además, que también se tiene una estrecha relación con los diferentes procesos históricos de Guatemala, como cuando en 1837, el país se convirtió en una nación verdaderamente independiente y se pensaba que se iba a estar a la cabeza en cuanto a indicadores de desarrollo humano y crecimiento económico en comparación con el resto de países del Istmo.

Sin embargo, esa esperanza se desvaneció en la última década, asegura Rosal, dejando a la nación rezagada si se le compara con Costa Rica o El Salvador, por ejemplo.

El entrevistado argumenta que no todos los índices de comparación internacional poseen una base científica y metodológica en su construcción y terminan siendo muy variados y disonantes, por lo que se debe prestar atención porque a veces se comparan “peras con manzanas”.

“Lo que pasa también se ha puesto de moda hacer índices como mecanismos para acceder a préstamos, donaciones o inversiones extranjeras. Cada vez más se hacen índices a la medida de lo que se quiere lograr y que a veces no son válidos porque son hechos por instituciones que buscan protagonismo y tratar de sesgar información”, enfatiza el docente universitario.

CORRUPCIÓN Y BUROCRACIA
En cuanto al Índice de Competitividad Global, es una herramienta elaborada por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) con la intención de ser utilizada para identificar y comparar la capacidad para proveer oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos de los países analizados.

La evaluación en 2013 para Guatemala presentó al país en la posición 86 de 148 países analizados, es decir tres puntos por debajo de la posición en 2012, mostrando atrasos y debilidades para estimular el crecimiento económico del país a través de la elaboración de nuevas políticas públicas que promovieran un ambiente de inversión más propicio para dicho desarrollo.

Al respecto, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, comparte el criterio de su antecesor y asegura que la corrupción tiene copadas a las instituciones del Estado, lo cual es una limitante para el fortalecimiento de las mismas y al crecimiento económico “pues a medida que hay mayor percepción de corrupción, las instituciones son débiles”.

Asimismo, opina que lo que se está dejando de hacer en Guatemala a comparación de Costa Rica, que comúnmente es un punto de referencia en indicadores sociales del istmo, es que no se apuesta a la inversión social, y por lo tanto es la población de escasos recursos, la que siempre paga las consecuencias pues se dificulta el acceso a servicios básicos como salud, educación, generación de empleo y una vivienda digna.

De la misma manera, Zapata señala que se afectan las oportunidades de desarrollo de las nuevas empresas y si bien se muestran algunos avances sobre todo en términos de competitividad y clima de negocios, los mismos son muy lentos y es por ello que muchas las acciones se remedian de la mano de la corrupción ante la excesiva burocracia que limitan las capacidades del Gobierno.

“En el tema de competitividad y crecimiento económico, se debe reducir la percepción de corrupción a través del mejoramiento de procesos reduciendo a la vez la burocracia. Por ejemplo se redujo el plazo de 42 a 19 días para inscribir una sociedad anónima en el Registro Mercantil, pero aún es mucho tiempo”, subraya.

Precisamente, datos presentados en el informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de Corrupción en diciembre pasado, refieren que Guatemala descendió diez puestos en un listado de 177 países (del 113 al 123), y bajó cuatro puntos (de 33 a 29, en donde cien es la mejor calificación) en la lucha contra la corrupción. Lo que sitúa a Guatemala entre uno de los países peor calificados del estudio.

Esta calificación generó en su momento discrepancias y molestia en los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes cuestionaban la metodología utilizada en la misma y hacían hincapié en que no necesariamente correspondía a la realidad nacional.

Acción seguida y en respuesta a Transparency International, el presidente anunciaba que presentaría un informe elaborado por el Gobierno acerca de las medidas que se habían tomado contra la corrupción, provocando una disputa mediática que alcanzó incluso al mes de enero de este año.

“Lo que hace falta es mejorar en este Índice porque esa es la fuente para otros indicadores. Esto provocaría mayor credibilidad en el país y traería mayor inversión y desarrollo, porque un inversionista no estaría interesado en establecerse en un país donde se tenga percepción de corrupción alta y se tenga que dar mordidas para que se autoricen licencias o permisos de operación”, culmina el directivo de Fundesa.

“PAZ NO SE HA ALCANZADO”
Otro indicador que llama la atención de analistas es el Índice Global de Paz publicado por Vision of Humanity, que profundiza en los costos que el combate a la violencia genera para el país y hace un llamado de atención sobre una de las áreas estratégicas que se definieron tras la firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera, y que hoy en día todavía no se has alcanzado.

En ese aspecto, Oswaldo Samayoa del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, señala que la falta de certeza sobre las sanciones a la actividad delictiva desata escenarios propicios al sostenimiento de este estilo de vida a lo largo del tiempo, traduciéndose en impunidad y mayores niveles de violencia.

El analista indica que vivir en una sociedad violenta como la guatemalteca tiene como principal efecto el rompimiento de la paz y la consolidación de una cultura de desconfianza, lo cual se traduce en menores oportunidades de desarrollo para la población, haciendo más difícil que el país sea capaz de cumplir las metas planteadas en temas económicos-sociales y que el Estado siga cayendo posiciones en las evaluaciones en la materia.

Samayoa manifiesta que al Estado de Guatemala contener la violencia le genera un costo equivalente al 8.7% del PIB (unos US$7 mil 200 millones) al año, siendo uno de los países de la región que más gasta en este rubro.

Así también enfatiza en que el tema de la seguridad y la gobernabilidad democrática necesitan profundizarse institucionalmente, promover la profesionalización de las fuerzas de seguridad y la transparencia en el sistema de compras y contrataciones para la adquisición de insumos de los elementos policiales, respetando los legítimos intereses de la nación.

“También hay que analizar el acceso al sistema de justica porque tiene que ver con la gobernabilidad en el país y la solución de la seguridad en vez de respuestas punitivas, porque se deja de atender las causas sociales castigando todas las acciones malas. En este momento no se cuentan con políticas que estén trascendiendo a nivel de lo preventivo y la atención de las causas sociales de la criminalidad”, dice el entrevistado.

En tanto, critica la actitud del Estado en “volcarse a confiar en los servicios de seguridad privada”, aunque las empresas que se dedican a este negocio carezcan de controles y no contraten a profesionales capaces en el manejo de armas y otros aspectos de índole técnico, social y humano.

INSOSTENIBLE DEUDA
La baja carga tributaria, el débil crecimiento económico y las elevadas tasas de interés confluyen para hacer un peligroso escenario del crédito público. Aun manteniendo el perfil actual del endeudamiento público y la carga tributaria que sigue siendo del 11% respecto al PIB, para 2018 el país podría caer en una crisis por la insostenibilidad de la deuda, según un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Para Ricardo Barrientos, economista senior del Icefi, Guatemala, Costa Rica y El Salvador son los países de la región que presentan un perfil insostenible de la deuda pública, mientras Nicaragua y Panamá tienen un perfil sostenible de endeudamiento.
 
En el caso de Guatemala, Barrientos enciende la alerta indicando que se hace insostenible el nivel de endeudamiento por la poca capacidad de pago del Estado y porque no se han alcanzado las metas de recaudación de impuestos previstas para este año.
 
Antes de llevar a tope la tarjeta de crédito del Estado, Barrientos propone que se debe trabajar en la reestructuración de la deuda, tal como lo plantea el Banco Mundial (BM) en sus últimos informes sobre desarrollo económico.

Según el experto, el tema también tiene que ver con los modelos de desarrollo económico y competitividad que se están impulsando en el actual Gobierno, que apuesta más a la promoción de industrias extractivas en lugar de la inversión social, aumentando la brecha de la desigualdad y afectando al interés de inversión extranjera en Guatemala.

“Por ejemplo, el 60 por ciento de la inversión extranjera directa que llega a la región centroamericana, se queda en Costa Rica y Panamá, porque invierten más en su niñez     y el sistema de educación que es mucho mejor que el de Guatemala”, subraya.

Barrientos también sugiere retomar un diálogo social para la discusión de un nuevo Pacto Fiscal que tenga como objetivo principal garantizar el financiamiento de una Política de Inversión Social, permita el incremento de la carga tributaria, la mejora de la transparencia y la lucha contra la evasión y la corrupción, en sintonía con las aspiraciones sociales de desarrollo humano con pasos concretos para su logro.

“La corrupción genera desconfianza, esta frena la tributación y en ese caso el Gobierno no contará con los recursos ni con la legitimidad para hacer lo que debería hacer y es un círculo que lo que han hecho otros países es romperlo a través de sistemas democráticos”, declara el del Icefi.