Creemos firmemente que la independencia judicial es un elemento indispensable en la lucha contra la impunidad y que en ese sentido las autoridades del Organismo Judicial tienen no sólo perfecto derecho sino gorda obligación de luchar por asegurarla y garantizarla. Ayer, al ser juramentada como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la licenciada Thelma Aldana, habló del tema y lo hizo como corresponde.
Pero también señaló que recibe ese importante cargo en circunstancias difíciles por la crisis que hay en el sistema de justicia y eso nos lleva a plantear que el concepto de la independencia judicial es fundamental siempre y cuando no se entienda como una coraza para permitir que interferencias de poderes ocultos sigan siendo los que colocan a la administración de justicia en una especie de pública subasta. Creemos que eso fue justamente lo que no entendió correctamente el licenciado Archila en el ejercicio de su función durante el año que recién terminó, puesto que las críticas a los operadores de justicia no constituyen un atentado contra la independencia judicial, sino contra la forma en que esa independencia está siendo manoseada para que sea parapeto que esconda los manejos de muchos jueces y magistrados con quienes tienen el control de la impunidad.
Creemos que es correcto comprometerse con una reforma constitucional en el sector justicia. De hecho, creemos que es indispensable una reforma del Estado en términos más generales y que tarde o temprano tenemos que llegar a esa revisión del pacto social para encontrarle sentido a nuestro proyecto de Nación. Es indiscutible que tenemos serios problemas en el proceso de selección de los juzgadores y eso repercute en falta de independencia porque muchos de los jueces y magistrados tienen que ser fieles a los compromisos adquiridos cuando fueron postulados para el cargo.
Apoyar la independencia judicial no significa desarrollar urticaria ante la crítica y pelearse con la CICIG. La verdadera amenaza a la real independencia judicial está en los operadores políticos que influyeron en el proceso de postulación para armar listas que permitan la existencia de juzgados y salas donde se puede arreglar cualquier cosa. Y todos sabemos que esas instancias existen y son conocidas por los poderes fácticos que se encargaron de situar en tales posiciones a sus paniaguados simplemente para que les cubran sus intereses.
Entender esa dimensión del problema es pieza fundamental de ese fortalecimiento de la justicia que se propone la licenciada Aldana al emprender su gestión al frente de la Corte Suprema de Justicia, puesto que esos vicios son los que nos tienen hundidos en la crisis de impunidad.