Por más que busqué en mi archivo no logré ubicar un artículo que publiqué hace años, que me serviría de apoyo para ser más preciso en el contenido de este texto, en vista de que la columna a la que aludo enfocaba con nombre y fechas la iniciativa de ley que planteó o que pretendía presentar al pleno del Congreso un diputado, cuyo nombre no me acuerdo ni del partido político que lo postuló.

El caso es que este parlamentario anunció formalmente que había preparado un proyecto de ley muy bien documentado que perseguía la aprobación por el pleno legislativo de una normativa encaminada a regular el funcionamiento de los estacionamientos públicos de vehículos automotores, en vista de que, entonces como ahora, los propietarios de esos negocios que no invierten fuerte o regular cantidad de dinero en los llamados “parqueos”, aplican tarifas a su capricho, sin que exista ordenanza o disposición que determine los deberes y derechos de los usuarios y, fundamentalmente, de los mismos dueños de tales establecimientos.

Como un par de meses después de lo anunciado por el diputado ponente, me extrañó que ya no se informara más del asunto o si la iniciativa había sido trasladada a una comisión del Congreso, opté por llamar directamente al congresista que con inusitado entusiasmo había anunciado su propósito, y al preguntarle sobre su proyecto legislativo me respondió que habían surgido “algunos inconvenientes a última hora” que le impidieron presentar su propuesta; pero que tan pronto como superara los obstáculos procedería conforme su firme intención.

Me había olvidado del asunto cuando casualmente me encontré con uno de los raros y pocos diputados de tendencia progresista, de la época, que sin rodeos me sacó de la ignorancia al indicarme que yo era un ingenuo, pese a mis años de ejercicio periodístico, porque su colega sólo había amagado con plantear el proyecto de ley, para “asustar a los dueños de los parqueos”, puesto que no presentó la iniciativa ni volvió a mencionarla, por razones fáciles de comprender, aunque no cuento con evidencias que haya sido sobornado.

Han transcurrido los años y los presuntos “atracos” o trinquetes a los automovilistas no sólo persisten sino que se han incrementado, afectando, sobre todo, a los guatemaltecos de la clase media que con dificultades se han agenciado de modestos automóviles que utilizan para transportarse a sus centros de trabajo en la capital y municipios vecinos, o para realizar diligencias de cualquier naturaleza, y como es una proeza encontrar un sitio en la vía pública para estacionar sus automotores, se ven obligados a utilizar esos estacionamientos, a sabiendas de que tendrán que pagar las tarifas que se les antoje a sus propietarios, además de que están expuestos a que les sustraigan objetos que dejen en el interior de sus automóviles o a que éstos sean robados o dañados por otros pilotos, y no hay forma de que los dueños de los “parqueos” les restituyan los perjuicios porque se escudan en letreros que advierten que no se hacen responsables de ninguna fechoría, incluso en estacionamientos de centros comerciales en donde se realizan compras o pagan servicios.

Es una pequeña muestra de que en Guatemala sigue imperando la ley del monte o se impone la conducta amoral y codiciosa del más astuto e inescrupuloso.

(Un automovilista le pregunta a Romualdo Tishudo, encargado de un estacionamiento:-¿Cómo puede ser que el dueño de este y otros dos grandes parqueos tenga la conciencia limpia? Mi paisano replica: –Es porque nunca la ha usado).