Diferentes Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos han condenado las intimidaciones y por lo tanto solicitaron a las autoridades ejercer medidas para la protección de los administradores de justicia para garantizar su integridad.

El informe de Seguridad del OJ refiere que en este año han recibido amenazas de muerte e intimidaciones 63 operadores de justicia; uno ha sido agredido fí­sicamente y uno más asesinado.

Guillermo Melgar, portavoz del OJ, indicó que el número de casos se ha incrementado en relación al año 2007 y anteriores.

El caso más reciente es el atentado contra Sergio Alejandro Vega Reyna, juez de Paz Mixco, quien al salir de su casa el pasado miércoles recibió dos disparos de arma de fuego en la pierna y espalda; aunque su situación es estable, no ha sido reincorporado a sus labores jurí­dicas.

Por medidas de seguridad, Melgar sólo dio referencias de los últimos hechos que han sido reportados en el departamento de Seguridad del Poder Judicial.

Sin embargo, explicó que existen casos de jueces que han denunciado el secuestro de miembros de su familia, robo de sus vehí­culos, asaltos, entre otros hechos.

Uno de los jueces de Jutiapa denunció que la semana pasada 15 hombres armados lo detuvieron, amedrentaron y robaron el vehí­culo en la llamada Cuesta La Conora.

Melgar añadió que sólo 700 agentes de seguridad del OJ están asignados a prestar protección a jueces y magistrados, pero sólo de manera perimetral en los edificios Judiciales. Actualmente ese grupo presta protección a unos 20 jueces, pero podrí­a tener capacidad sólo para 50.

Crisis

Nery Rodenas, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), opinó que esa situación explica el debilitamiento del Estado democrático del paí­s y la falta de preocupación de los organismos por velar por la seguridad de quienes tienen la tarea de administrar la justicia.

El director de la ODHAG considera que el incremento de amenazas contra jueces pone de manifiesto que el sistema de justicia es muy vulnerable.

Rodenas considera que el anterior factor debilita a la administración de justicia, «por las presiones ejercidas por grupos vinculados con el crimen organizado y otros grupos de presión que impiden la independencia de los operadores de justicia», señaló.

Debido a que la seguridad que el Organismo Judicial proporciona a los jueces que han sido ví­ctimas de amenazas o intimidaciones es únicamente «perimetral», Rodenas opinó que ese poder del Estado «ve con poca seguridad la vida de una persona» y recomendó mejorar esos mecanismos de protección, que calificó de «inaceptables».