El Contralor de Cuentas dijo ayer que por disposición legal no puede auditar las cuentas de los contratos que hace el Estado con entidades como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, mismas que manejan millonarios fondos para la ejecución de programas del Estado bajo el supuesto de que tienen más agilidad para ejecutar el gasto que si lo hacen las dependencias públicas sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones.
Insinuó el Contralor que se podría plantear la inconstitucionalidad de la ley que autorizó ese procedimiento porque violenta la norma de la Constitución que obliga a la Contraloría General de Cuentas de la Nación a fiscalizar hasta el último centavo de los fondos públicos. La verdad es que la acción de inconstitucionalidad es una necesidad urgente y además hay que decir que postergarla puede significar delito porque se está incumpliendo claramente con una normativa expresa de nuestra Carta Magna y cada día que pasa se van encontrando nuevos agujeros y nuevos problemas en ese tipo de negociaciones.
No se trata de esfuerzos de pura cooperación internacional con Guatemala, sino de actividades lucrativas realizadas por esas entidades multinacionales, mismas que cobran una importante comisión al Estado por el manejo de los proyectos que se les asignan. Y por si ello fuera poco, resulta que además construyen un paraguas enorme para blindar las operaciones financieras de manera tal que no puedan ser escrutadas ni siquiera por el órgano de control y fiscalización que tiene el mandato constitucional de revisar todas las cuentas.
Se nos da atol con el dedo sosteniendo de manera dogmática que si esas instituciones manejan el dinero se asegura la probidad y transparencia porque «ellos tienen sus propios mecanismos de control» y que no se van a prestar a malos manejos. Mamolas, decían antes los abuelos, porque la experiencia aquí y en la Cochinchina, en el arca abierta el justo peca y cuando se obvian los mecanismos de control todo puede pasar. Al menos una de esas entidades ha dicho a su sede central que todas las operaciones son debidamente auditadas por las autoridades guatemaltecas y hasta les han mostrado la Constitución con su tajante norma al respecto, mientras que aquí dicen que todo está siendo auditado por sus superiores en la sede central y que por lo tanto no hay riesgo de malos manejos. Engañando a unos y otros, se puede hacer cualquier cosa y la manga se vuelve demasiado ancha para dar paso a los actos de corrupción que son un crimen contra un pueblo con tantas carencias y necesidades como las que tiene Guatemala.