El 31 de agosto de 2012 las pretendidas autoridades de las Islas Malvinas anunciaron la realización de un referéndum orientado a definir el status político de esos territorios. Destacadas figuras gubernamentales británicas -como el primer ministro Cameron y el canciller Hague- manifestaron poco después su franco apoyo a la iniciativa.

Dos miembros de la sedicente Asamblea Legislativa isleña que visitaron Guatemala en septiembre pasado reiteraron la convocatoria. Se sabe ya que se realizará los próximos 10 y 11 de marzo, fechas en las que se les preguntará a los escasos pobladores que las habitan y están habilitados para votar (alrededor de dos mil personas), que son todos ciudadanos británicos, si quieren seguir siéndolo. La pretensión de resolver mediante este hecho la disputa de soberanía por las islas que enfrenta desde hace décadas a Argentina y al Reino Unido, se asienta sobre el ejercicio de un presunto derecho de autodeterminación. Este procedimiento es insanablemente nulo. Veremos por qué.

1. Las islas son hoy un territorio de ultramar británico. Como consecuencia de un hecho de usurpación, Gran Bretaña tomó el control de ellas por la fuerza en 1833 y expulsó al gobernador argentino de entonces y a la población criolla allí residente. Y se hizo cargo de facto de su administración. Las islas están incorporadas en la actualidad a Gran Bretaña como territorio de ultramar y sus habitantes son ciudadanos británicos. Vistas las cosas desde esta perspectiva, el referéndum resulta un hecho espurio, tautológico y, en cierto sentido, ridículo, en tanto es impulsado por británicos, para preguntarles a ciudadanos británicos, si quieren seguir siendo británicos. Dos circunstancias complementan el cuadro de notoria inconsistencia que rodea a la convocatoria: a) la Corona inglesa ha autorizado a los isleños a conceder permisos de pesca en las aguas aledañas al archipiélago, que son parte de la disputa. De ellos resultan unas ganancias cuantiosas que han colocado al ingreso per cápita de los isleños entre los más altos de América Latina; b) las islas están custodiadas por un voluminoso despliegue de fuerzas británicas que –dicho sea de paso- implican una riesgosa militarización del Atlántico Sur. De manera que, en rigor, los consultados serán ciudadanos británicos que han conseguido de la Corona el privilegio de acceder a una renta extraordinaria y que por añadidura están protegidos por un poderoso aparato bélico, que incluye un submarino nuclear. Bajo estas condiciones, el resultado será tan poco válido como obvio.

2. Las propias Naciones Unidas han definido con claridad los términos del problema, a través de su órgano máximo, la Asamblea General. En su Resolución 1514 (IV) “Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales”, del 14 de diciembre de 1960, estableció dos principios fundamentales destinados a regir la problemática de la descolonización, que para esa época había tomado un nuevo aire especialmente en África: el de autodeterminación de los pueblos y el de integridad territorial. En su Resolución 2065 (XX), del 16 de diciembre de 1965, reconoció explícitamente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia. De ahí en más el enfoque no ha cambiado. Ni la mencionada Asamblea ni el Comité de Descolonización de ONU han reconocido a los isleños como parte del diferendo. Simplemente han recomendado tener en cuenta sus intereses. Pero claramente ha evitado, en más de 40 resoluciones, conferirles el derecho a la autodeterminación; queda implícito que esto se debe a lo planteado en el punto anterior: no son un pueblo en lucha contra un colonialismo opresor pues los isleños son, sencillamente, ingleses. Asimismo, al decidir de ese modo, la ONU colocó la Cuestión Malvinas dentro del dominio del antedicho principio de integridad territorial. De aquí que se la caracterice como una disputa de soberanía, que debe dirimirse exclusivamente entre dos actores: el Reino Unido y Argentina.

  ¿Qué objetivos persigue Gran Bretaña con dicha iniciativa? En primer lugar procura hacer creíble y legitimar que se debe reconocer el derecho a la autodeterminación del presunto pueblo malvinero. Busca por esta vía sacar la discusión del terreno en que la ha colocado la ONU (disputa de soberanía) para darle algún soporte argumental a su posición de poder, que encuentra poco fundamento en los planos del derecho y la razón. Pretende asimismo colocar a la Argentina en el papel de rechazar la voluntad y el deseo de un presunto pueblo anheloso de libertad; encontrar sustentos externos que hasta el momento le han sido esquivos; y dividir el frente internacional, que ha dado sobradas muestras de apoyar masivamente el reclamo argentino.

  Las consecuencias de la espuria maniobra del Reino Unido van más allá de la disputa con Argentina y pueden ser altamente lesivas. La pretensión de considerar a la población isleña, que ya es británica, un pueblo colonizado al que se le debe reconocer el derecho a la autodeterminación es, sencillamente, contra natura. Si se llegara a aplicar en beneficio de un segmento de ciudadanía de la potencia colonialista que usurpó las islas en 1833, que hoy además es excepcionalmente beneficiada en el plano de los ingresos y desmesuradamente protegida, como se ha señalado más arriba, dicho derecho quedaría severamente lesionado. Su significado se reduciría notoriamente y su sentido quedaría al borde del extravío: podría servir tanto para un barrido como para un fregado. Las luchas hispanoamericanas del siglo XIX contra el orden colonial y por la emancipación, así como las africanas contra el colonialismo y por la liberación de la segunda mitad del siglo XX –por mencionar solo algunas- perderían toda su significación. Quedarían convertidas en nada, hundidas en las arenas de la historia.

  El Reino Unido persiste en una actitud irrespetuosa y prepotente: no dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU y avanzar de manera unilateral por el falaz camino de vaciar de contenido al derecho de los pueblos a la autodeterminación y militarizar peligrosamente el Atlántico Sur. Argentina, en cambio, acepta la búsqueda de una solución bilateral y dialogada de la controversia, tal como lo recomienda aquel organismo mundial. Prefiere darle oportunidades a un tratamiento racional y pacífico de la cuestión, que no atropelle derechos de ninguna clase ni agreda la convivencia de las naciones, en un mundo hoy peligrosamente complicado e incierto.