La República de Guatemala participó con una nutrida delegación a la primera Conferencia sobre el Ambiente, en Estocolmo, Suecia, en el año de 1972, y se comprometió formalmente a adoptar todas las medidas legales e institucionales para prevenir el deterioro humano y consecuentemente, de la contaminación ambiental.
En el sentido descrito, poco fue lo que se avanzó, especialmente en materia legal, no así en lo administrativo; prueba de ello, sin discusión alguna, fue que hasta en el mes de noviembre del año de 1986, se emitió la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, pero que probablemente por inexperiencia de los redactores de la misma la hicieron descansar en reglamentos que no existen, tal y como tantas veces lo hemos señalado por LA HORA, convirtiéndose esa normativa en un instrumento de gestión ambiental débil.
Sin embargo, toda la administración ambiental posterior, ha venido trabajando con la ley referida y con irónicamente sólo dos reglamentos, el de aguas residuales y el de seguimiento y evaluación ambiental, pero sin el marco jurídico reglamentario que la debiera de soportar o sostener.
Por otra parte, hemos sabido, que se han hecho vanos intentos de reformar la ley ambiental, pero hasta esa etapa se ha quedado: en intentos. Increíblemente, se viene aplicando aquella en forma discrecional.
Pero, quizás uno de los mayores errores ha sido el no contar, desde un principio, con programas educativos ambientales para orientar a la población, a los estudiantes de nivel primario y medio y a los universitarios: futuros profesionales de Guatemala.
En consecuencia, la constante y sostenida actitud de no conocer los antecedentes de la legislación propia ambiental (se refiere sólo a lo ambiental), y el desconocimiento de los efectos dañinos de la contaminación ambiental tiene a los habitantes del territorio nacional en perfecto estado de indefensión.
Finalmente, hacemos un llamado a los interesados en participar en política, para que con vocación cívica, tal y como quien escribe lo hace en lo ambiental; con la debida antelación nos expliquen cuáles serán sus planes para cumplir con los postulados constitucionales ambientales, toda vez, que el Estado de Guatemala ha suscrito desde hace varias décadas sendos convenios internacionales ambientales que cada vez, se hacen de mayor gravedad su falta de cumplimiento. Los guatemaltecos y las nuevas generaciones, se los agradecerán.