La iniciativa del Ejecutivo para aprobar y regular el trabajo de tiempo parcial -incluida en el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica- encontró de nuevo una férrea oposición en el sector sindical organizado.
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De acuerdo con el análisis del gobierno sobre las consecuencias de la crisis económica y financiera internacional, ésta requiere de medidas audaces y puntuales que frenen la contracción del crecimiento de las economías domésticas.
En consecuencia, el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica advierte sobre implementar un paquete de acciones legales para incrementar la oferta de empleo en el país, que incluye dentro de los temas controversiales la aceptación del sistema de trabajo de tiempo parcial.
La medida supone la aprobación en el Congreso y ratificación del Ejecutivo del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual todavía es objeto de análisis entre los diputados de la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores.
En ese contexto, las organizaciones sindicales y populares señalan que mantienen una férrea oposición a la aprobación del sistema de trabajo de tiempo parcial, con el argumento de que «viola los derechos socioeconómicos básicos de los ciudadanos».
La revisión del Convenio en el Legislativo y el reciente anuncio del Ejecutivo se convirtieron en una alerta para estos grupos de oposición, que aseguran que en adelante iniciarán un exhaustivo cabildeo para evitar su aprobación.
OPORTUNIDADES
Al contrario del sector sindicalizado, la iniciativa privada organizada sostiene que la aprobación del Convenio 175 significaría un aporte importante para el marco legal del sistema laboral.
Fanny de Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, refiere que con la aprobación del Convenio se permitiría a estudiantes, amas de casa y adultos mayores optar a plazas de trabajo de acuerdo a sus capacidades y su rendimiento diario.
De acuerdo con la empresaria, el marco legal de materia laboral vigente impide que los grupos señalados anteriormente participen de actividades productivas formales, y por ello sostiene que los ingresos de las familias son insuficientes.
Dentro de los beneficios, también indica que el Convenio permitiría formalizar a buena parte de la economía, además de multiplicar los ingresos fiscales y del seguro social con más empleos seguros y dignos.
RETROCESO
El líder sindical Victoriano Zacarías, por el contrario, considera que el trabajo de tiempo parcial representa un retroceso en «la lucha» por la reivindicación de los derechos de los trabajadores.
A criterio del opositor, el tiempo parcial reduciría los ingresos netos de los trabajadores al no ser contratados permanentemente por las empresas y centros productivos.
«Se permitiría que los empresarios decidan el número de horas que trabaja cada empleado, limitando así sus ingresos de acuerdo a la productividad», dice Zacarías.
«Agrega que el Estado no cuenta con la capacidad para velar por el cumplimiento de la normativa laboral, por lo que fácilmente se violarían los derechos de los trabajadores y los casos quedarían impunes».
Mientras los trabajadores y empleadores mantienen la disyuntiva sobre la aplicación legal de las normas internacionales sobre el trabajo de tiempo parcial, el Ejecutivo sostiene que su implementación será una herramienta efectiva en el contexto de la crisis internacional de los mercados.
Victoriano Zacarías,
sindicalista
El ministro de Trabajo y Previsión Social, í‰dgar Rodríguez, asegura que la supervisión del cumplimiento de las normas laborales es fundamental dentro de los planes de esa cartera.
El Ministerio de Trabajo cuenta actualmente con 300 inspectores para supervisar a los centros de trabajo de todo el país, lo cual resulta insuficiente para abarcar la totalidad de los patronos y trabajadores.
Rodríguez estima que será necesario fortalecer el sistema de inspectoría para poder cubrir las necesidades de supervisión de los centros laborales, incluso sin la aprobación del Convenio 175.