Varios son los proyectos de ley con los que se ha buscado modernizar las reglas de las actividades extractivas, y especialmente para la minería, pero muy pocas iniciativas han tenido eco en el Congreso; la última propuesta con posibilidades de éxito fue la impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM),
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Que busca elevar las regalías a porcentajes que no superan el cinco por ciento, pero no contempla temas clave como las consultas comunitarias y deja vacíos en cuanto a la protección de los recursos naturales. Además, que hace a las compañías mineras juez y parte dado que integraran un consejo minero.
El pasado 12 de octubre el Ministerio de Energía y Minas presentó una iniciativa para reformar 36 artículos de la Ley de Minería vigente, que data de 1997. Aunque la cartera defendió la propuesta, las organizaciones ambientalistas salieron al paso con críticas que argumentan que la legislación, aun siendo actualizada, seguiría beneficiando a las empresas extractoras.
Regalías, impacto ambiental, consultas comunitarias y que las entidades mineras son juez y parte son algunos de los temas espinosos del marco legal. Aunque el Gobierno ha señalado los beneficios de la propuesta, las organizaciones que velan por el ambiente se muestran renuentes a respaldar la iniciativa.
“El proyecto es deficiente ya que no incluye cuatro grandes temas: mayores estándares de protección ambiental, la ley no resuelve que pasa con las consultas, regalías y aspectos de transparencia; sin estos temas no se resuelve la conflictividad social”, señala Yuri Melini, del Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS).
Según el ambientalista, el gobierno sigue entregando privilegios a las mineras, aunque eso implique perjudicar el ambiente; “El Presidente está embobado con que fomentando la industria minera extractiva van a sacar al país de la pobreza, pero no está midiendo los riesgos en salud pública, riesgos ambientales y el rompimiento del tejido social”.
Por otra parte, CALAS considera que la creación de la empresa estatal minera, tal como lo contempla el proyecto, es parte de un discurso que parece infructuoso, pues según Melini, si hubiera un interés real por mejorar las condiciones de las actividades extractivas, el Gobierno optaría por nacionalizar la minería.
De esa manera, la presentación de la propuesta preocupa a distintos grupos que temen que las condiciones sigan sin ser favorables para la población. El diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, Carlos Mejía considera necesario analizarla exhaustivamente. “Se debe abordar el tema de forma profunda; hasta ahora la actividad minera solo se aborda de forma superficial y por ello sigue perjudicando a la población”, apunta.
Para el congresista, no hay señales de interés en generar un debate en torno al tema y muestra de ello es que ha intentado en vano participar en la Comisión legislativa de Energía y Minas, la cual está ocupada en su mayoría por integrantes del oficialista Partido Patriota.
“Ese factor merece análisis ya que toda iniciativa que llegue a la comisión, si a ellos les va a beneficiar, le darán dictamen favorable”, lamentó. Según el portal Congreso.gob.gt, la mencionada sala de trabajo cuenta con 15 integrantes, de los cuales nueve son oficialistas, lo que coincide con el número de firmas que deben lograr para dar el aval al proyecto del MEM.
Pese a este panorama, el presidente de la Comisión, el diputado Edgar Cristiani, asegura que el tema será discutido con todos los sectores involucrados, para lo cual contempla realizar audiencias públicas en enero próximo.
“Nosotros vamos velar porque la ley se cumpla y vamos a abrir consultas para que se manifieste la sociedad civil, vamos a invitar a los alcaldes. Creo que ese punto no se incluyó en la propuesta y creemos que ellos son poder local que hay que escuchar, vamos a escuchar a las organizaciones de ambientalistas”.
El congresista dejó entrever que no aceptarán a los sectores que se oponen rotundamente a la minería. “Eso no lo aceptamos, ya que creemos que la industria minera debe ser apoyada por el Estado”, resaltó el legislador.
En tanto, la empresa Montana Exploradora señaló –en un comunicado de prensa– que el diálogo debe permanecer en la discusión del proyecto; “Invitamos al Legislativo a conducir este proceso de reforma de una manera transparente y participativa que permita mejorar el entendimiento técnico del sector, privilegiar el diálogo entre actores e institucionales, y que a la vez garantice la participación de los actores legítimos y relevantes; al mismo tiempo, hace un llamado a no precipitar la aprobación de las reformas presentadas sin antes asegurar este proceso”.
Se intentó conocer la postura de la Gremial de Industrias Extractivas, pero no fue posible establecer un contacto con los directivos.
UNA VISITA ESPERADA
La última semana de agosto, diputados de Canadá visitaron la Mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixhuatán, San Marcos. El itinerario del viaje incluía reuniones con autoridades de gobierno y diputados de la Comisión de Energía y Minas.
Aunque en esa ocasión el representante Cristiani mencionó que la visita de los canadienses no pretendía cabildear por una legislación a su favor, organizaciones de pueblos mayas del lugar denunciaron que los congresistas extranjeros vinieron invitados por personeros de Gold Corp., subsidiaria de Mina Marlin, lo que a su criterio despertaba serias dudas sobre si la visita buscaba un marco legal que beneficiara a la empresa.
Pese a las dudas, el ministro de Energía y Minas, Erick Archila asegura que la propuesta mejora las condiciones de las actividades mineras. “Buscamos tener mejores métodos de evaluación ambiental y una mejor distribución de los porcentajes de las regalías hacia las comunidades”, señaló el funcionario, cuando entregó la propuesta de ley al Presidente del Congreso, Gudy Rivera.
En medio del rechazo a la iniciativa y las dudas que aún no se despejan sobre el cabildeo internacional, el panorama para la aprobación del proyecto propuesto por el MEM se torna incierto, ya que el oficialismo parece estar concentrado en otros temas. Sin embargo, los entrevistados aseguran que el debate que se generará será amplio.
Si bien, el Congreso será quien tenga la última palabra, se espera que la participación de la social sea activa de manera que pueda lograrse un marco legal que beneficie a los pobladores, quienes son siempre los olvidados cuando se habla de actividad minera.
Entre los temas que despiertan más críticas figuran: consultas comunitarias, regalías, uso del agua.
Consultas comunitarias:
Ley vigente: No establece que las consultas comunitarias sean vinculantes.
Propuesta de ley: La propuesta excluye el tema; solo establece en el artículo 2 el mecanismo de información y comunicación con los consejos municipales de desarrollo. “Previo al otorgamiento de licencias exploración y explotación el Ministerio de Energía en coordinación con el Ministerio de Ambiente hará una presentación del proyecto a los miembros del consejo municipal de Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre el mismo. La presentación debe incluir una explicación con pertinencia cultural de los aspectos técnicos y ambientales, así como un estimado de los beneficios que percibirá el municipio en el caso de las licencias de explotación”, reza la iniciativa.
Propuesta de organizaciones ambientalistas: Consultas comunitarias vinculantes. Respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que el Congreso de la República emita una Ley que regule las consultas, y también que el Organismo Ejecutivo puede emitir un reglamento.
Consejo minero:
Ley vigente: Las instituciones oficiales toman las decisiones en cuanto a la aprobación de las licencias y emiten sus propias recomendaciones.
Propuesta de ley: La propuesta establece que un consejo minero estaría presidido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), acompañado por el de Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Gremial de Industrias Extractivas, la Asociación Nacional de Municipalidades y el Instituto Nacional de Fomento Municipal, formulará recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible en las labores de exploración, explotación, extracción, procesamiento y aprovechamiento de los recursos.
Propuesta de organizaciones ambientalistas: Evitar que las empresas extractoras sean juez y parte en el proceso minero, y afianzar el vínculo de las consultas comunitarias.
Regalías:
Ley vigente: El marco legal establece el 1 por ciento en concepto de regalías.
Propuesta de ley: Los porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de minerales: Materiales de Construcción 1 %. Rocas decorativas 2%, minerales no metálicos 3 %, metales básicos 3%, metales preciosos 5%, piedras semipreciosas 3%, piedras preciosas 5%, tierras raras 10 %, resto de minerales no contemplado en clasificación anterior 3%. En campaña, Otto Pérez Molina había indicado que las regalías debían ser de al menos 35%.
Propuesta de organizaciones: Las organizaciones consideran que el porcentaje de regalías no es acorde al impacto que provocan al medio ambiente. De manera que la actividad debería de realizarse en condiciones que no perjudiquen el medio ambiente y tenga rentabilidad.
Uso del agua:
Ley vigente: El titular de derecho minero podrá usar y aprovechar racionalmente las aguas siempre y cuando no afecte el ejercicio permanente de otros derechos. El uso y aprovechamiento de las aguas que corran dentro de sus cauces naturales o se encuentren en lagunas, que no sean del dominio público ni de uso común, se regirán conforme las disposiciones del Código Civil y de las leyes de la materia. Quien haga uso del agua en sus operaciones mineras, al revertirla, deberá efectuar el tratamiento adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente
Propuesta de ley: El titular podrá aprovechar racionalmente las aguas siempre y cuando no afecte el ejercicio permanente de otros derechos. El uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en operaciones mineras deberá efectuarse de conformidad con las regulaciones ambientales y leyes aplicables. En caso de descargas de aguas residuales se deberá cumplir con la normativa ambiental vigente debiendo efectuar el tratamiento adecuado para evitar contaminación, autorizará el área para descargas.
Propuesta de Organizaciones: Que se cumpla la ley, las organizaciones consideran que el marco legal no se cumple, y dañan el medio ambiente perjudicando a la población que vive en las cercanías.