La incineración de droga es una diligencia judicial que se realiza a diario; sin embargo, existe poca regulación de parte del OJ en relación a los efectos en la salud de quienes participan en ella, así­ como de los que están a su alrededor.

Actualmente la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza una propuesta hecha por los jueces de Primera Instancia Penal, quienes padecen efectos secundarios tras la incineración de esas sustancias. No obstante, no existe una propuesta de carácter ambiental.

A criterio de especialistas, los efectos de esa diligencia, tal y como actualmente se realiza, son graves tanto a nivel de la salud de jueces, fiscales, policí­as, auxiliares y expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), como en el medio ambiente.

Además, los jueces penales coinciden en que las diligencias cotidianas de cada judicatura padecen retraso debido a la diligencia de incineración que realizan cada semana, con la que se ausentan la mitad de la jornada.

EXPERIENCIAS

Carlos Aguilar, titular del juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, comenta que el primer problema que los jueces encuentran al momento de realizar esas diligencias es que no cuentan con equipo especial para permanecer durante la incineración de la droga: «Algunos por nuestros medios compramos mascarillas», comenta.

Pero Aguilar no es el único en indicar que después de la diligencia, el dolor de cabeza es «terrible», como lo describe; ya que varios de sus colegas lo indican. «A largo plazo podrí­a causar daños en nosotros; a veces depende de la cantidad de droga que se incinera, así­ es más fuerte el dolor y únicamente los empleados de Inacif tienen su equipo adecuado», insiste el Juez entrevistado.

Aguilar también explica que la diligencia de incineración dura en promedio dos horas, la más corta, pero que hay ocasiones en las que pasan hasta doce horas en ella; además, comenta que aunque los jueces no están en constante contacto con la droga sí­ con los vapores que ésta genera tanto por el almacenamiento como cuando está siendo quemada.

«En la diligencia judicial procedemos al conteo separando las cantidades de bolsitas o paquetes dependiendo de la droga que sea, pero cuando ya se va a quemar hay que verificar que se queme pero completo y el humo se riega en el ambiente y es lo que nos afecta», explica el Juez.

Eduardo Cojulum, juez undécimo de Primera Instancia, coincide con el anterior entrevistado al indicar que existen padecimientos de salud durante y después de esos procedimientos; sin embargo, también refiere que estas retrasan el trabajo en las judicaturas.

«Sugerimos a la CSJ que para no descuidar los despachos y las audiencias se nombre un juez especí­fico para las incineraciones para no retrasar la labor diaria de los juzgadores que conocen un gran número de casos al dí­a», indicó.

Cojulum explica que en las anteriores administraciones de la CSJ ya se habí­a hecho esa propuesta pero que habí­a sido «engavetada»; y que los actuales magistrados deben examinarla y analizar si es eficaz para implementarla.

«Con esto nos evitarí­amos que al incinerar perdemos prácticamente un dí­a de trabajo y esto genera que se pierda el despacho, que se acumulen las audiencias y que se tenga menos control del juzgado», indicó el juzgador; quien además insistió en las implicaciones que tiene ese tema para la salud de los operadores.

«EN ESTUDIO»

César Barrientos, magistrado presidente de la Cámara Penal de la CSJ, explicó que los jueces de Primera Instancia hicieron llegar a esa magistratura la propuesta de nombrar a un juez fijo para que realice esas diligencias.

«Buscamos hacer los estudios respectivos para concluir con la presentación al pleno de la propuesta de que haya un juez especí­fico que haga las incineraciones y así­ los jueces no tengan que abandonar sus audiencias de cada dí­a para hacer la incineración», indicó el magistrado.

Sin embargo, Barrientos indicó que ese tema tiene mucha relación con el presupuesto, por lo que solicitarí­an una estimado de Q1.3 millones; además opinó que debí­an priorizar la inversión de acuerdo a las necesidades de cada Cámara.

«Esa será una de las prioridades de la Cámara Penal respecto al presupuesto para mejorar la atención al público», indicó y agregó que trabajan en esa instancia los acuerdos especí­ficos de creación para presentarlos ante el pleno de magistrados.

SALUD EN RIESGO

Consultado Héctor Nuila, médico y cirujano, respecto a los efectos que puede tener en los operadores de justicia el hecho que estén en constante contacto con esas sustancias, opinó que existen graves riesgos de enfermedad y adicción en estos.

«Quienes participan en esta actividad están respirando la droga en cantidades de una concentración superior a la que pudiera adquirir alguien que la consume con pequeñas dosis y eso obviamente tiene complicaciones a la salud», explica.

El profesional de la medicina indicó que habrí­a que hacer mediciones para saber la cantidad de residuos que ingieren quienes participan en esa actividad además de aplicar otro tipo de medidas de salud ocupacional establecidas en protocolos internacionales.

Nuila también recomendó al Organismo Judicial (OJ) hacer esas actividades «de una forma más moderna», como hornos, ya que realizarlo a la intemperie no da ninguna garantí­a para ninguna de las personas que lo realizan; además consideró importante que las autoridades estudien la situación desde el punto de vista de la emisión de los gases para que los vapores se vayan hacia otros ambientes para proteger al personal.

«El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deberí­a tomar el tema como parte de sus prioridades ya que los jueces y otros operadores son parte de sus afiliados, también el Ministerio de Ambiente y las entidades de Estado relacionadas con el tema porque lo tienen de lado», indica.

MEDIO AMBIENTE Y CONTEXTO

Yuri Melini, director del Centro para la Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), explica que esa actividad tiene graves riesgos para el medio ambiente debido a la combustión de las sustancias quí­micas que la incineración de droga implica. «Los hidrocarburos, dioxina y desagregados quí­micos desplegados al ambiente generan contaminación», indica.

Sin embargo, el especialista explica que hay dos afectados directos con este tipo de diligencias: los operadores encargados de manipular la droga e incinerarla de forma directa o indirecta y que permanecen en el área inmediata de la incineración y los vecinos, personas que transitan por el lugar, los centro escolares, y otras zonas de influencia donde ocurre esa actividad implica un riesgo.

«El problema es que la combustión de la cocaí­na generará ciertos grados de adicción por tratarse de una sustancia altamente adictiva; y por la zona en la que se realiza esa actividad hay niños que podrí­an generar propensión al consumo», indica.

Para Melini, los niños al igual que los adultos mayores son las personas que son más vulnerables tanto al padecimiento de enfermedades respiratorias, entre otras, como a la adicción de ese tipo de sustancias.