En medio de la constante agitación social que hay actualmente en Guatemala, el fuerte impacto de la proliferación de actos de delincuencia y la prematura como abrumadora campaña electoral, algunos hechos de gran importancia han quedado relegados en un segundo plano, como la revelación que el pasado viernes hizo durante una entrevista radial el vicepresidente de la República, Eduardo Stein Barillas, sobre el riesgo de un colapso financiero que podría socavar el sistema de jubilaciones del Estado.
En efecto, el Vicegobernante dijo en Radio Cadena Sonora que no existe la menor posibilidad de otorgar un aumento a los pensionados estatales, pues el régimen de clases pasivas se ha debilitado en forma significativa como resultado que las cotizaciones de los actuales trabajadores activos en las dependencias del sector público apenas cubren una tercera parte de las erogaciones del plan, por lo que el Estado está cubriendo alrededor del 66 por ciento, lo que representa una fuerte carga para el presupuesto de la Nación.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el Vicepresidente, antes el régimen funcionaba sin sobresaltos porque eran muchos los trabajadores activos que aportaban sus contribuciones mientras el grupo de jubilados era reducido. Sin embargo, ahora la situación es muy compleja, pues ha crecido el número de jubilados y los aportes de los trabajadores en servicio resultan insuficientes.
Desdichadamente, el doctor Stein Barillas no tuvo el valor de decir al aire que el problema tiene su origen en la política antilaboral que se puso en práctica a partir del gobierno de ílvaro Arzú del cual él formó parte como canciller, pues bajo el pretexto de disminuir el tamaño del Estado, se alentó el recorte de muchas plazas utilizando el engañoso mecanismo del retiro voluntario y su posterior sustitución mediante contratos al amparo del renglón 0-29 en el cual no hay prestaciones laborales. Al disminuir el número de trabajadores activos presupuestados, obviamente tenían que decrecer los aportes para el programa de clases pasivas.
Pero además de ello, el licenciado Berger casi desde el inicio de su mandato de gobierno, dispuso un aumento de 100 mil quetzales mensuales en el monto de su salario como Presidente de la República y otro incremento semejante en el salario del Vicepresidente. Se trata de una erogación de casi 10 millones de quetzales en los cuatro años del actual gobierno.
En términos de justicia social hubiera sido más apropiado destinar esa cuantiosa suma de dinero para mejorar las pensiones de los jubilados del Estado en vez de favorecer al Presidente y al Vicepresidente de la República.