Hoy se cumplieron ocho días de que el Programa Nacional de Resarcimiento entregó mil 460 expedientes de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, para su investigación en el Ministerio Público.
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Organizaciones sociales que han trabajado en la búsqueda de justicia por estos delitos celebran la medida pero, a la vez, se muestran bastante escépticos sobre el avance de las pesquisas de los casos.
Aura Elena Farfán de la asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), celebró la acción; sin embargo reclama que el PNR debió convocar a la sociedad civil, para que se dé seguimiento a la investigación de los casos y apoyo a los familiares de las víctimas.
De igual forma, Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, calificó la acción de «altamente positiva, porque esto genera que, poco a poco, se acceda a la justicia».
Sin política de investigación
El PNR se comprometió a entregar denuncias al MP siempre y cuando se tuvieran elementos de prueba para enjuiciar a los responsables. ¿Será que se va a cumplir con la investigación?», se cuestiona la representante de Famdegua.
Farfán insiste que con base en la experiencia de los casos que se han acompañado desde la organización, no se tiene mucha expectativa. Cita el caso de la masacre en el municipio de Panzós, en Alta Verapaz, en 1978, el cual lleva 11 años de haber sido presentado al MP
«Pese a que se han aportado elementos de prueba y señalado a personas con nombre y apellidos, solo se investiga y se lleva a juicio a las personas de bajo rango, como los comisionados militares o ex patrulleros; no se toma en cuenta a los altos rangos, que fueron los hechores intelectuales», resalta.
Juan Francisco Soto, coordinador del programa de Justicia y Reconciliación del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), considera que el MP carece de una política de persecución penal en violación a los Derechos Humanos, «no tiene la claridad sobre cómo perseguir estos casos», aseguró.
A criterio de Benito Morales, la voluntad del MP es no investigar «más que una falta de voluntad para investigar, su voluntad es no querer hacerlo. Los casos abundan y existen pruebas contundentes para determinar responsabilidades y autorías, ante toda esa evidencia», enfatizó.
Además, en el sistema de justicia se recurre en gran medida al uso de recursos de amparo, para retrasar los procesos.
«En ese marco es complicado, pese ello el MP debe cumplir con la investigación y las autoridades judiciales con la resolución», afirmó Soto.
Se tiene «buena voluntad de oficiales y fiscales, pero no pasa de eso. Parece que cuando se involucra a militares, no se debe investigar. Lo preocupante es que estas son órdenes verbales que vienen desde arriba y no se pueden evidenciar», se lamenta Farfán.
Registro y clasificación
Hasta ayer, unos 300 archivos habían sido remitidos a la Fiscalía de Derechos Humanos de la capital, luego de su digitalización y análisis, que tardó cinco días. Según Otto Juárez, encargado de la Oficina de Atención Permanente del MP, donde fueron entregados los 1,460 expedientes, el lunes 14 finalizará el proceso de registro y clasificación, por lo que los archivos serían trasladados a varias fiscalías, de acuerdo con la competencia territorial.
La unidad de casos especiales de la citada fiscalía investiga actualmente 182 casos del «Diario Militar», entre otras violaciones durante el enfrentamiento armado como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y masacres. La dependencia está bajo la dirección de la fiscal Nancy Paiz, quien recientemente asumió el cargo; le apoyan dos agentes y cuatro auxiliares, quienes ahora deberán investigar los 300 expedientes que les fueron remitidos.
«Se olvidan de lo humano»
El PNR tiene la obligación de presentar denuncias sin previo aviso a las familias, porque conoce un delito y lo debe denunciar, en ese sentido actuó de forma correcta. Sin embargo, creo que están descuidando lo moral y humano, se olvidan que esto puede lastimar a muchas víctimas», dijo Polanco.
Por su parte, Farfán consideró que hubiese sido «bueno» que se convocara a los familiares para determinar si ellos estaban de acuerdo en dar este seguimiento en la búsqueda de la justicia. «Muchas veces los familiares no priorizan la aplicación de la justicia, porque en la mayoría de ocasiones las víctimas aun conviven con los hechores», recalcó.
Los 1,460 expedientes entregados por el PNR contienen violaciones como: desaparición forzada, masacres, desplazamientos, violación sexual, ejecución extrajudicial, sobrevivientes de tortura y otros.
La información se recopiló de varios departamentos, entre ellos: Quiché, Cobán, Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Huehuetenango y Alta Verapaz.
Cinco ex patrulleros de autodefensa civil, acusados de la masacre de 177 personas en Río Negro, Baja Verapaz, en 1982, fueron condenados a 780 años de prisión, al ser hallados culpables. La sentencia incluyó la suma de 30 años, por la muerte de 26 pobladores, únicas víctimas que fueron acreditadas. Empero, los condenados estarán en prisión 30 años, ya que el tribunal aplicó la ley vigente en 1969, en la cual se estipulaba ese castigo, como la pena máxima por el delito de asesinato.
«NO CABE DUDA QUE ESTE JUICIO Y LA SENTENCIA SON UN PASO ADELANTE, EN UN PAíS DONDE IMPERA LA IMPUNIDAD Y EL ESTADO NO ESTí DISPUESTO A INVESTIGAR, PERSEGUIR Y JUZGAR LOS CRíMENES DE LESA HUMANIDAD», AFIRMí“ EN UN COMUNICADO LA FUNDACIí“N MENCHíš, LUEGO DE CONOCER LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE SALAMí, BAJA VERAPAZ.