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Se trata de diez mil familias, que en los años 60 huyeron de la guerra y se asentaron en terrenos baldí­os que abarcan 267 caballerí­as, en ese sector, y que viven en condiciones infrahumanas y sin acceso a servicios básicos, como resultado de una disputa de los terrenos que, pese a que el Estado los reclama como propios, han sido utilizados por un grupo de mafiosos, para apropiárselos e, incluso, obtener préstamos bancarios con documentos falsos.

Las comunidades cuyos habitantes sufren estas injusticias son La Llorona, Santa Marí­a, La Chiclera, Quebradas, Quixchán, Jalauté, Chipunit, San Marcos, Zapotal, Bellos Horizontes Uno y Dos, Las Palmas Uno y Dos, Sé Manzana, Sé Guitarra, El Quetzal, El Quetzalito, Cotoxá, El Benque, Chinabenque, Marcajam, El Manguito Uno y Dos, Chavilchoch y El Bongo, quienes ante la incertidumbre de no contar con tí­tulos de propiedad de sus terrenos, no reciben apoyo para sus proyectos.

Lo más triste del caso es que las autoridades conocen del problema, pues desde el tres de julio del año 1985 los habitantes denunciaron el caso ante la Procuradurí­a General de la Nación, pero a la presente fecha aún esperan una respuesta de las autoridades.

Carecen de servicios básicos y son explotados…

Como resultado de ello, los habitantes de las 26 comunidades asentadas en estos terrenos carecen en la actualidad de las condiciones básicas como lo son centros escolares y de salud, energí­a eléctrica, agua potable, transporte y construcción de carreteras y caminos de acceso, así­ como de proyectos productivos.

Durante esos años, han tenido que soportar la humillación de empresarios aprovechados, que incluso los han obligado a trabajar en la extracción de minerales, pagándoles mí­seros salarios, y evadiendo el pago de prestaciones, seguro social y otros beneficios que la ley señala en favor de los trabajadores, que dicen «continuar siendo explotados en pleno siglo XXI».

Origen del problema…

José Antonio González, representante de los afectados, dice que el problema se inició en el año 1985 cuando solicitaron a las autoridades del desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta) gestionar la regularización de los terrenos que ocupan, pero que solamente las comunidades La Llorona, Santa Marí­a y La Chiclera fueron beneficiadas con la adjudicación de 60 caballerí­as, y que posteriormente el INTA presentó un plano y documentos para registrar los terrenos a nombre de la Nación.

Posteriormente, el INTA recibió un documento en el cual le informaban que las 267 caballerí­as estaban registradas a nombre de Carlos Enrique Estrada Garcí­a, quien se identificaba con su cédula de vecindad con número de orden J-1 extendida en Izabal, mientras que el número de orden de ese lugar es Q-15, comprobándose además que en la fecha de serle adjudicados los terrenos, el supuesto propietario tení­a únicamente dos años de edad.

Sospechan de banda bien organizada…

También se ha establecido que una banda bien organizada, la cual es integrada por diputados al Congreso, abogados, empleados del Registro de la Propiedad Inmueble,

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Procuradurí­a General de la Nación y de otras dependencias del Estado, es la responsable de cometer una serie de delitos y de apropiarse los terrenos.

De acuerdo con lo denunciado por González, distintas empresas e incluso abogados se han aprovechado de esta situación para falsificar documentos, para obtener préstamos millonarios de entidades bancarias, llegando incluso a hipotecar esos terrenos, que al no contar con una certeza jurí­dica, son empeñados, con la única garantí­a de los documentos falsificados que presentan.

El caso es del conocimiento de la Coordinadora Nacional Indí­gena y Campesina (Conic) y el Comité de Unidad Campesina (CUC), que en algunas ocasiones han denunciado la usurpación, falsedad material e ideológica y estafa de los cuales han sido ví­ctimas estas familias, lo cual ha sido documentado en más de 1,500 folios, incluyendo fotografí­as y pruebas de peritaje, a través de una denuncia que se mantiene archivada en el Ministerio Público desde el 23 de julio del año 1987, la cual fue presentada por el entonces presidente del INTA, ingeniero Orlando Humberto Furlán.

Demasiado pací­ficos…

Ante esta situación, el señor González expresa que los pobladores tienen más de 20 años de clamar justicia, la cual considera no obtener, por tratarse de gente pobre, humilde y que nunca ha recurrido a medidas de hecho como lo son tapar alguna carretera, puertos, aeropuertos o plantarse frente a la Plaza de la Constitución con pancartas denunciando públicamente sus problemas, o acciones violentas, sino que han tenido la paciencia de respetar el debido proceso que el Estado le asigna a sus ciudadanos de tercera categorí­a.

Este expediente, que duerme el sueño de los justos en la Procuradurí­a General de la Nación, es conocido como el caso «Sierra de Santa Cruz», que no ha recibido ninguna solución, debido a que sus habitantes son familias de escasos recursos económicos y que no cuentan con ningún tipo de influencia en el Gobierno, por lo que están condenados a vivir en el estancamiento y la falta de programas de desarrollo.

La papelerí­a ingresada a las oficinas de la PGN se ha extraviado en tres ocasiones, lo cual ha dificultado aún más la situación y el lento avance, pues han tenido que ingresar nueva documentación e reiniciar el proceso.

La situación ha llegado a tal extremo que los vecinos del lugar carecen de lo necesario para alimentarse y atender sus necesidades básicas, por lo que exigen una pronta solución a su situación.

Agregó González que durante ese tiempo, la Procuradurí­a recomendó al Instituto Nacional de Bosques extender una licencia para extraer 37 millones de metros cúbicos de maderas preciosas, las cuales fueron taladas por la empresa Texzibe, representante de Maderas El Alto Sociedad Anónima, en tan solo 15 dí­as.

De acuerdo con la información, esta licencia fue obtenida por la empresa, con el dictamen favorable número 041-2000, emitido por el entonces jefe de esa sección de la Procuradurí­a, Juan Francisco Flores, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pese a tener conocimiento de las irregularidades cometidas durante la inscripción de las fincas.

Los denunciantes aseguran que en el departamento de Izabal existen aproximadamente 15 fincas, las cuales han sido utilizadas como garantí­a, por parte de los implicados en el despojo, para obtener créditos hasta por cuatro millones de quetzales por cada una en el sistema bancario nacional.

Recusan a personal de la Procuradurí­a…

El 25 de octubre del año 2006 Byron Obdulio Argueta Argueta, en representación de los afectados, que han habitado esas tierras por más de 70 años, envió un escrito al Procurador General de la Nación recusando a los abogados Irma Lucrecia Cárdenas Dí­az, jefa de la sección de Consultorí­a; Ileana Noemí­ Villatoro, abogada auxiliar, y Juan Francisco Flores Juárez, jefe de la sección de Procuradurí­a, responsables de emitir el dictamen favorable 041-2000 para la tala de árboles de los terrenos, no obstante encontrarse en litigio entre autoridades del Estado y 23 comunidades.

Tomando en cuenta que la Procuradurí­a en representación del Estado debe de agilizar el proceso, en esa misma ocasión se le solicitó consultar los libros en el Registro de la Propiedad Inmueble para establecer las anomalí­as existentes.

Con fecha 10 de octubre de 2006 se realizó la misma solicitud al asesor legal de la Procuradurí­a, licenciado Mauricio Sarazúa, identificando cada folio y libro de las 15 fincas aludidas para comprobar el estado actual de las mismas.

Como resultado de no contar con la certeza de propiedad de los terrenos, ninguna institución bancaria o cooperativa les ha brindado préstamos para desarrollar sus proyectos de cultivos y menos el Gobierno preocuparse por dotarles de los servicios esenciales para vivir como seres humanos, por lo que dicen estar cansados de tanta injusticia.

Los afectados dicen esperar para los próximos meses, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a elecciones generales, la visita de una gran cantidad de candidatos a la presidencia, alcaldí­as y diputaciones, que llegarán con ofrecimientos de resolverles sus problemas, pero que lo único que buscan es llegar o mantenerse en puestos de elección popular, mientras que ellos continuarán viviendo en el olvido.