El incendio que destruyó un centro de retención de indocumentados al este de París reanimó hoy la polémica sobre la política de inmigración del gobierno francés, tres días después de que el ministro de la Inmigración se felicitara por las expulsiones de ilegales.
Según la prefectura de policía, una persona se encontraba desaparecida el lunes en la tarde, tras el incendio declarado en el recinto el domingo.
Al parecer, la persona habría logrado evadirse, pues en la mañana los bomberos que terminaron la remoción de los escombros, habían afirmado no haber encontrado víctimas.
El siniestro, que no provocó heridos graves, obligó sin embargo al traslado de 18 personas levemente intoxicadas a centros asistenciales.
Según los primeros elementos de la investigación, el incendio sería «intencionado», y se produjo en momentos en que una organización de solidaridad con los indocumentados manifestaba al exterior del recinto, luego que en la víspera falleciera uno de los internados.
Un portavoz del partido UMP (en el poder) responsabilizó indirectamente de los hechos a los manifestantes de la Red Educación sin fronteras (RESF), colectivo de solidaridad con los indocumentados que tienen hijos escolarizados en Francia.
«La UMP pide que se saquen todas las consecuencias incluso a nivel judicial, si la responsabilidad de miembros de colectivos como RESF resultara comprometida», declaró uno de los portavoces del partido de derecha, Frédéric Lefebvre.
La RESF replicó que la «responsabilidad» correspondía al ministro de la Inmigración Brice Hortefeux y al presidente (Nicolas) Sarkozy», cuya política «condena (a los extranjeros indocumentados) al terror cuando están libres, a la completa desesperación cuando están internados en espera de su expulsión».
El ministro Hortefeux estimó que se trataba de «una de las numerosas ilustraciones de las consecuencias dramáticas de la inmigración irregular», según citación recogida por el cotidiano francés Le Monde en su edición del martes.
El jueves, el ministro había destacado el fuerte aumento de los «alejamientos» de indocumentados, como se denomina a las expulsiones: 14.660 en los cinco primeros meses de 2008, un aumento de 80% con respecto al mismo periodo de 2007.
El Partido socialista estimó de su lado que este incendio era «el resultado de una política consistente en mostrar cifras y más cifras».
Este lunes, junto al local incendiado, la polémica fue a viva voz entre parlamentarios comunistas y del partido del gobierno.
«Ayer, los detenidos fueron embarcados en buses, sin saber adonde los llevaban y sin comer, fueron tratados como perros», denunció uno de los diputados comunistas.
Otro diputado, Jean-Pierre Brard, que pudo penetrar al recinto poco después del incendio, había declarado que los heridos enviados al hospital habían sido intoxicados por gases lacrimógenos utilizados por la policía para dispersar un manifestación que se había producido al interior del recinto.
Thierry Mariani, diputado del partido en el poder, lamentó «que los comunistas nunca hayan participado en la comisión de información sobre los centros de retención que él preside».
El parlamentario derechista también destacó «las notorias coincidencias entre la manifestación ilegal (de RESF) y el inicio en cuatro focos del incendio».
Este «centro de retención administrativa» (CRA) ha sido escenario de numerosas situaciones de tensión desde fines de 2007 y las asociaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado regularmente la situación «mortífera» que existe allí, con numerosas tentativas de suicidio, automutilaciones e intervenciones regulares y violentas de la policía.
España y Francia aprobarán un «pacto» sobre inmigración en la mini-cumbre entre los dos países que tendrá lugar el próximo viernes en Zaragoza (Aragón, norte), anunció hoy el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido.
«El 27, en Zaragoza, en la cumbre con Francia, se va a aprobar un texto de Francia y España» para un «pacto político europeo sobre inmigración», dijo López Garrido durante una rueda de prensa en Madrid.
Este «texto político, no jurídico», se presenta como un marco general para la futura política europea de inmigración, dijo el secretario de Estado.
«En 2005, por un impulso esencialmente español, la UE ha empezado a desarrollar elementos fundamentales de su política de inmigración, una política común de inmigración. Faltaba un texto político que enmarque y consolide esta política de inmigración», añadió.
Este texto servirá de base de trabajo para la elaboración de un consenso europeo sobre este tema en la perspectiva de la cumbre europea de octubre, agregó López Garrido.