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El siniestro ha puesto de nuevo en la mesa, la discusión sobre el grado de preparación que tiene Guatemala para enfrentar este y otro tipo de eventos como los desastres naturales de mayor magnitud, y deja en tela de duda la inversión estatal y la actitud ciudadana en materia de prevención.

Actualmente la Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres en Guatemala, aprobada en 2011, prioriza la reducción de vulnerabilidades a los desastres a través de una mejora en el planeamiento y ordenamiento urbano, la infraestructura y la seguridad edilicia; el reforzamiento de sistemas de drenaje para reducir los peligros de inundación, tormentas y de salud; instalación de sistemas de alerta temprana; simulacros y medidas de adaptación, entre otras iniciativas.

Sin embargo, para el desarrollo de la misma existen aún varios obstáculos como el crecimiento demográfico, pues según investigaciones, los cascos urbanos están creciendo rápidamente hacia las periferias y de manera desordenada como resultado de una mayor migración proveniente de áreas rurales, lo que significa que hay más personas expuestas al riesgo de un desastre.

Actualmente se calcula que en Guatemala hay 15 millones de habitantes y si bien la inversión en la reducción de riesgos ante desastres naturales se encuentra al frente de la agenda para el desarrollo del país, las prioridades muchas veces terminan siendo otras por parte de las autoridades de gobierno.

David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, expresa ante los hechos recientes que se debe continuar promoviendo la cultura de prevención, pues el Estado guatemalteco ha construido vulnerabilidades a través de la poca inversión financiera en temas importantes como la gestión de riesgos.

“La institución (Conred) ha estado recibiendo un presupuesto de Q52 millones anuales y si lo dividimos por el número de habitantes, esto nos da un total de Q3.71 por persona para la prevención de desastres”, subraya el comunicador.

También señala que a pesar de que se ha fortalecido el trabajo de gestión de riesgo a nivel comunitario, las amenazas continúan latentes por diversos hechos naturales, como los sismos y las erupciones debido a la actividad constante de los volcanes.

Además, manifiesta que es necesario un cambio de actitud en las personas, pues en algunos casos, por ejemplo, se han negado a abandonar los lugares donde han existido tragedias. Prueba de ello es que el último invierno afectó varias casas en el sector IV de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, lo que los hace más vulnerables ante cualquier suceso.

“Entendemos que no es fácil decirle a una persona que se tiene que ir de su casa porque se va a caer. Pero lo que tratamos es salvaguardar la vida de las personas. Lo que ha hecho falta es el cumplimiento de las normas de prevención”, dice De León.

De esa cuenta, el riesgo a los desastres no sólo depende de la posibilidad que se presenten fenómenos naturales intensos, sino también de las condiciones de vulnerabilidad que favorecen el desencadenamiento de desastres cuando se presentan fenómenos similares.

Se piensa que la vulnerabilidad podría estar íntimamente ligada a los procesos sociales que se desarrollan en las áreas propensas a desastres y usualmente tiene que ver con la fragilidad, la susceptibilidad o la falta de resiliencia de la población ante amenazas de diferente índole.

En otras palabras, los desastres serían eventos socio-ambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social del riesgo. Por lo tanto, su reducción debe ser parte de la toma de decisiones gubernamentales, a través de la formulación de políticas públicas y la planificación del desarrollo.

“Los diferentes eventos que han ocurrido nos deben preparar para situaciones que pudieran presentarse, aunque ningún país puede estar preparado en todo el sentido de la palabra, para atender un fenómeno natural o en el caso de un incendio de grandes proporciones”, puntualiza De León.

PÉRDIDAS POR DESASTRES

De esa cuenta se hace necesario fortalecer el desarrollo institucional y estimular la inversión para la reducción de la vulnerabilidad con fines de contribuir al desarrollo sostenible de los países.

Para ello, es indispensable promover el conocimiento sobre los niveles de vulnerabilidad y la capacidad de gestión en la sociedad de los riesgos de desastres para una asignación eficiente de recursos para dicho fortalecimiento y estímulo.

De acuerdo a informes del Banco Mundial, el país ocupa actualmente el quinto puesto mundial entre las naciones con mayor vulnerabilidad económica ante diversos peligros, en vista de que el 83% por ciento de su PIB se localiza en zonas de alto riesgo.

La organización expone que Guatemala aún no cuenta con sistemas o políticas de gestión del riesgo, satisfactorios para enfrentar eventuales desastres causados por fenómenos naturales o provocados por el hombre, y mucho menos está en capacidad de recuperarse de las pérdidas económicas en caso de un evento de gran magnitud, pues la capacidad social y humana para absorber los impactos de este tipo de  desastres es muy baja.

Un ejemplo de ello lo da el Banco Interamericano de Desarrollo, que estima que entre 2000 y 2011, las pérdidas económicas causadas por desastres naturales y de otro tipo en el país sumaron US$34,327 millones.

Asimismo, luego de los daños causados por la Tormenta Stan en 2005, el Gobierno de turno optó por desarrollar un Programa Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, que aunque ha mostrado avances sustanciales en la materia, aun Guatemala continua registrando una vulnerabilidad alta.

De esa cuenta el Banco Mundial aprobó en 2009, un proyecto de gestión de riesgo por desastres naturales, iniciativa que pone a disposición de las autoridades, liquidez financiera inmediata para atender necesidades urgentes en caso de un fenómeno natural catastrófico.

Sin embargo, al parecer los recursos no han sido correctamente destinados para esta función de prevención, pues no se han redoblado los esfuerzos para mitigar los riesgos ante eventos naturales desastrosos o provocados por la naturaleza humana.

“Lo ideal sería que trabajáramos con un buen presupuesto, pero solo queda pedirles a las autoridades que se pongan la mano en la conciencia y en el corazón. Sería catastrófico que ocurra otro desastre fuerte porque sería insuficiente la capacidad de respuesta de parte de los cuerpos de socorro”, advierte William González, relacionista de los Bomberos Voluntarios.

En relación al incendio en La Terminal, González indica que la falta de hidrantes de agua en áreas cercanas al siniestro, dificultó la tarea de los cuerpos de socorro, aunado a que no existe cultura de prevención ciudadana, pues se hace caso omiso a las recomendaciones de los elementos bomberiles.

RECONSTRUCCIÓN VRS DEMOLICIÓN

El vocero de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, dio a conocer que el Mercado La Terminal cuenta con una póliza de seguro por Q23 millones desde el 2013, pero que estos recursos serán invertidos exclusivamente para recuperar la infraestructura del inmueble y no para cubrir pérdidas de insumos y productos de los inquilinos, por lo complicado que resulta cuantificar la existencia de estos en el momento del incendio.

En ese sentido, el portavoz de la comuna agrega que el Mercado de La Terminal será reconstruido y no demolido, según el análisis de ajustadores del seguro y especialistas, el cual comparten.

No obstante, la Conred recomienda demoler las instalaciones que fueron afectadas por el incendio, pues consideran que la plaza ya no es viable para el comercio, porque no cuenta con la capacidad ni las medidas de seguridad necesarias para albergar a los vendedores por los serios daños que dejó el incendio.

Además, el funcionario asegura que lo que impidió una respuesta más efectiva de los cuerpos de socorro, que intentaban sofocar el incendio en La Terminal, no fue la falta de hidrantes en áreas cercanas, sino que los inquilinos que no resultaron afectados siguieron ofreciendo sus productos, dificultando el paso de las motobombas de los bomberos.

“Siempre hubo abastecimiento de agua. Utilizamos 2.5 millones de litros. Contábamos antes con hidrantes en esa área, pero fueron robadas algunas piezas. Por lo tanto se utilizó el método de pozos cercanos que sirvieron para abastecer a 48 unidades para mitigar el fuego que se dio en ese lugar”, explica Sandoval.

En tanto, para el vocero de los Bomberos Municipales, Mynor Ruano, la mayor dificultad para extinguir el fuego fue la negativa de los vendedores de La Terminal a abandonar sus puntos de venta.

“Ellos querían sacar sus pertenencias que aún estaban en buen estado y entorpecían el paso del personal que si estaba capacitado para trabajar en esas circunstancias. El tema de la prevención de desastres es un tema bastante amplio. En realidad cuesta con la gente porque no le gusta ser educada”, argumenta el socorrista.

A su vez, cientos de comerciantes aun buscan consuelo al ver sus locales destruidos por el incendio que devastó el lugar. La suma total en pérdidas por productos en el mercado de La Terminal, asciende a Q25 millones, según Edgar Méndez, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado La Terminal, tras el voraz incendio que se registró la madrugada del martes 25 de marzo.

En este contexto, la reconstrucción viene a ser, a decir de Méndez, “el remedio” ante el clamor de responder a las necesidades de las personas que resultaron afectadas por el siniestro.

EVENTOS DISTINTOS, MISMAS CONSECUENCIAS

Con el pasar del tiempo, otros eventos se han registrado en el territorio nacional, y aunque el marco legal existente en cuestión de gestión integral de riesgo se considera completo, no se ha incrementado la asignación de recursos para desarrollar un trabajo acorde al escenario multiamenaza, haciéndose necesario impulsar un cabildeo legislativo por parte de la institucionalidad pública en favor de mejorar el presupuesto específico en la materia. 

El pasado 7 de noviembre de 2012, un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter, sacudió el territorio nacional y dejó al descubierto nuevamente que Guatemala no está preparada para un desastre de gran magnitud.

En ese momento se contabilizó medio centenar de víctimas mortales, decenas de heridos, cientos de damnificados y al menos cien desaparecidos, además de daños en la infraestructura de edificios públicos y privados.

Los departamentos más afectados fueron San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, Quiché y Sololá.  Así mismo varios tramos carreteros sufrieron derrumbes.

De igual forma, la tormenta Agatha en 2011, dejó 152 personas fallecidas, 87 heridas, 100 desaparecidas y 64 mil 383 albergadas.

En ese marco, analistas consideran que el debate fundamental no debe girar sobre la capacidad de prevención, el fortalecimiento de la institucionalidad actual, la eficacia de la respuesta o la recurrente utilización partidaria o sectorial de la emergencia.

Tampoco debe girar sobre medidas de corto plazo sino sobre soluciones de fondo como el cuestionamiento del modelo económico y político que origina los desastres y la alternativa estructural a este modelo y al esquema de poder excluyente.

Empero, la debilidad institucional no es sólo económica, sino de cultura política. La institucionalidad actual no está concebida para el ejercicio de derechos, para la construcción conjunta, sino para el aprovechamiento sectorial.

Para el empresario Eugenio Fernández, resulta contradictorio que las autoridades de Gobierno se hicieran presentes al lugar de los hechos para “responder a la emergencia”, pero no cuentan con los recursos necesarios para el efecto.

“Lo que está sucediendo en este momento es campaña política adelantada por parte de funcionarios de Gobierno. Lo que tuvo que haber hecho el Presidente (Otto Pérez) fue llamar al alcalde Álvaro Arzú y ponerse a disposición para lo que necesita, porque a ellos les corresponde hacerse cargo de esto”.

Además, enfatiza en que la respuesta institucional es fundamental, a partir de la magnitud de la destrucción que podría resultar de un evento o desastre, pero el desentendimiento de responsabilidades por parte de las autoridades tiende a negar la vulnerabilidad construida, es decir, el hecho de que medidas económicas impulsadas por los últimos gobiernos generan un peligro creciente.

“Es obvio que Guatemala no está ni cerca de estar preparada para atender un desastre. Por eso es que de cierta forma la población debe tomar la iniciativa, porque en Guatemala no se puede esperar que las autoridades vayan a cumplir sus funciones porque parece que la prioridad de ellos es solo ser electos para seguir desviando recursos. Si uno no planifica o no se autodisciplina, está condenado a sufrir de nuevo las consecuencias”, subraya el emprendedor.