El lugar donde se produjo el peor incendio carcelario del siglo era decrépito, sobrepoblado y mal mantenido, un lugar asfixiante y sucio de barracas oscuras y atestadas con puertas de cerraduras manuales.
La prisión de Comayagua era una cárcel de mediana seguridad donde muchos internos sólo estaban acusados de delitos menores.
Al infierno que quemó y asfixió a 357 personas esta semana casi seguramente le seguirán desastres en otras prisiones de Centro y Sudamérica, advierten autoridades gubernamentales y observadores externos. Una década de medidas drásticas para acabar con la delincuencia callejera y el narcotráfico rampante en América Central ha dejado a la región salpicada de cárceles propensas a los incendios, con frecuencia con más del doble del número de internos que pueden manejar en forma segura.
«Se tiene esta tremenda crisis de seguridad pública en la región y la respuesta rápida que prevaleció durante todos estos años es ‘aplicar un puño de hierro»’, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América. «Por ‘puño de hierro’ la gente quiere decir aumentar las penas, dificultar que los prisioneros salgan de la cárcel».
En 2002, Honduras implementó leyes que duplicaron la pena máxima por ser líder de una pandilla, a 12 años de prisión. También aplicó una definición vaga de lo que es el liderazgo de estas bandas, y hubo personas que fueron encarceladas por tener tatuajes de pandilla u otros indicios de aparente afiliación a un grupo delictivo.
Para 2008, el año más reciente en que hay cifras disponibles, el sistema carcelario de Honduras tenía casi 38% más reos de los que podía albergar, según el Centro Internacional para Estudios sobre Cárceles, con sede en Londres.
El sistema de El Salvador se encontraba al 253% por encima de su capacidad.
El presidente salvadoreño Mauricio Funes advirtió el jueves que el incendio en la prisión de Comayagua, el tercero en Honduras que deja múltiples muertos en menos de una década, era una advertencia para toda la región.
«Es un problema estructural que padecemos todos los países de la región centroamericana y es la debilidad de nuestras políticas penitenciarias. Las cárceles están hacinadas, están sobrepobladas y este es un llamado de alerta», afirmó Funes en rueda de prensa.
Renán Inestroza, congresista del gobernante Partido Nacional de Honduras, dijo que un incendio letal en una cárcel podría ocurrir de nuevo «en cualquiera de los centros que están diseminados en todo el país… el personal que resguarda cada centro penitenciario no tiene la preparación de cómo actuar ante una emergencia de esta naturaleza».
«La situacion de los 25 centros penitenciarios es realmente igual a las condiciones que se encontraban en Comayagua… existe gran hacinamiento», agregó.
Las prisiones en Guatemala estaban casi al 160% de su capacidad en 2010, de acuerdo con el Centro Internacional para Estudios sobre Cárceles.
«Nuestras cárceles están llenas de personas (detenidas) por el simple hecho de poseer drogas», afirmó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
El gobierno panameño informó que tenía a 13.525 prisioneros en instalaciones construidas para albergar a 7.342. De ellos, 9.129 aguardaban sentencia, una situación que se repite en toda Latinoamérica, donde los acusados son detenidos junto con los que ya han sido declarados culpables mientras aguardan juicio en un sistema en el que la insuficiencia de personal significa que el proceso puede demorar años.
Indemnizarán a familiares
El presidente Porfirio Lobo dijo el viernes que su gobierno intenta alcanzar un arreglo con los familiares de las 357 víctimas del incendio de la granja penal de Comayagua, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Es mejor un arreglo amistoso que cruzar todo un camino largo», afirmó el gobernante en un comunicado.
«Reconocemos la pérdida de las familias (de los reos) y es importante resarcirlas, aunque no recuperarán a sus seres queridos».
Lobo informó haber pedido a la CIDH dialogar con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, el canciller Arturo Corrales y las autoridades «que sean necesarias para que logremos un arreglo con los parientes de los fallecidos».
El mandatario criticó los reclamos de algunos sectores políticos opositores de que su gobierno no ha resuelto los problemas de hacinamiento y estructuras físicas de las 24 cárceles que hay en Honduras.
«Criticar es fácil, pero cuando esos grupos dirigieron o fueron parte del gobierno, y podrían adoptar decisiones sobre el caso, no lo hicieron, ni resolvieron nada», subrayó.
El presidente anunció que realiza operativos administrativos rápidos para constatar la situación de todos los centros penales del país.
Por otro lado, agradeció «el apoyo y la solidaridad internacional» que Honduras ha recibido a causa de la tragedia de parte de Estados Unidos, Chile, México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Taiwán, Argentina, Francia, Israel, Japón, Perú, la Unión Europea y Venezuela.
Esos países han enviado medicinas, médicos y fotógrafos forenses, odontólogos, antropólogos, arqueólogos, bioquímicos, sicólogos y especialistas en solucionar crisis sociales.
La ayuda tiene como fin acelerar la tarea de identificar a las víctimas mortales para ser entregadas a sus familias. Hasta ahora, unos 14 cuerpos han sido llevados por sus parientes para ser sepultados en sus lugares de origen.