Luego que los jueces del OJ solicitaran un bono de riesgo y mayor seguridad, el Presidente de la CSJ afirmó esta mañana que existe incapacidad financiera para otorgarlo.
gortiz@lahora.com.gt
Aunque Carlos Gilberto Chacón, presidente del Organismo Judicial (OJ) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que en la sesión del pleno de este día evaluarían la situación; insistió en que los recortes que el Ejecutivo ha hecho al presupuesto asignado al funcionamiento siguen siendo un obstáculo.
Los juzgadores pretenden un bono de riesgo de Q5 mil para el pago de seguridad personal, ya que aseguran que el Estado y el OJ no han mostrado capacidad para protegerlos ante la crisis de violencia que enfrenta el país.
DISCUSIí“N
Chacón afirmó esta mañana que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) «evalúa y analiza» el pago del bono de riesgo para los juzgadores, pero insistió en la escasez de fondos.
«El problema es que ustedes saben que estamos en una situación financiera difícil, sin embargo, reconocemos que la seguridad de los jueces es esencial y vamos a hacer las evaluaciones del caso», refirió el presidente del OJ.
Chacón explicó que solicitaron un informe financiero en el que no estaban contempladas las solicitudes de los jueces, por lo que pedirían una ampliación del mismo para determinar si están en la capacidad de erogar esa suma.
A lo anterior se suman las exigencias del Sindicato de Trabajadores del OJ, quienes hace dos semanas solicitaron un bono de Q 5 mil para cada trabajador, ante la imposibilidad de un incremento salarial. La CSJ tendría que erogar un promedio de Q 40 millones; el cual es también analizado por el pleno.
«Hoy vamos a hacer toda esa evaluación y si se puede y tenemos todos los datos lo determinaremos hoy, pero depende de la capacidad financiera», insistió Chacón.
A Criterio del Sindicato, el bono, podría ser erogado de los fondos privativos de esa instancia (depositados a plazo fijo en bancos privados), los cuales superan los Q 500 millones.
EXIGENCIA
La Asociación de Jueces y Magistrados hizo un pronunciamiento público para exigir seguridad, luego del asesinato de la jueza Duodécima de Trabajo, Flor de María Gil Ovalle, ocurrido el 3 de agosto pasado.
La citada asociación afirma que a la fecha existen más de 60 juzgadores amenazados, quienes han realizado peticiones a otras instancias en busca de apoyo en materia de seguridad.
En el caso de los jueces asignados a las judicaturas de competencia ampliada, el Ministerio de Gobernación informó que había designado a diez agentes de la PNC para brindarles seguridad.