El fin de semana pasado una niña y dos adolescentes fueron asesinados en San Juan Sacatepéquez, zonas 6 y 18. Hasta el mes de agosto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuantificó 378 muertes violentas de menores de edad.
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Ericka Johanna Alvizurez Arana, de 12 años, murió en el interior de su residencia ubicada en la colonia Ciudad Quetzal, del municipio de San Juan Sacatepéquez, cuando un grupo de pandilleros ingresó a su residencia y disparó contra su familia.
En el hecho de violencia, resultaron heridos y fueron trasladados por los Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt Dudrian Alejandra Alvizurez Palacios, de 13 años y Óscar Enrique Alvizurez Palacios, de 39, hermano y padre respectivamente.
En otro hecho, murió Daniel Isaí Rodríguez Valiente, de 13 años, quien fue trasladado herido por los Bomberos Voluntarios al Hospital San Juan de Dios, del Lote 62, Sector 4, colonia Santa Faz, zona 6 municipio de Chinautla.
En este suceso también fue afectado Jonathan David Méndez Sagastume, de 13, quien quedó recluido en ese centro asistencial.
En el kilómetro 6 de la ruta Al Atlántico, en la entrada a la colonia Juana de Arco, zona 18, fue asesinado Wilson Alexander Solís Peña, de 16 años, y resultó herido su hermano, Kevin Romero Solís Peña, de 19.
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) investigan el suceso; como hipótesis preliminar, vinculan el caso con un ataque de pandilleros que residen en una colonia aledaña.
El último informe emitido por el Inacif hasta el mes de agosto, refiere que 378 menores de edad han muerto en el país por violencia.
Entre las causas que sobresalen son por arma de fuego, arma blanca, asfixia por estrangulación, seccionamiento corporal, decapitación y/o desmembramiento.
Mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) cuantificó hasta el 26 de agosto de este año, mil 743 denuncias de los derechos vulnerados de la niñez y la adolescencia: maltrato infantil y juvenil, violencia intrafamiliar, abuso físico y mental, abandono, entre otros.
SIN FUNCIONAR
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, (ODHAG), lamentó la falta de funcionamiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Ley PINA), que es el marco legal que debería aplicarse para proteger y prevenir la violencia en contra de la niñez.
A decir de Rodenas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la PDH, en representación del Estado deberían procurar mecanismos de prevención y apoyo para este sector de la población, pero desafortunadamente esto no sucede.
El activista destacó que ni los funcionarios de gobierno ni la sociedad en general prioriza a la niñez y a la juventud, cuando son un sector vulnerable que debe atenderse de forma integral.