Me ha llegado un “globito”, o quizás es un proyecto real, que quiero “desinflar” antes de que se convierta en elefante blanco: la peregrina idea de construir el museo de la concordia. Sería un espacio ocupado por tres objetos: la orden dada por los Reyes Católicos a Colón de buscar la India, y no Abya Yala, ya que, una vez llegados a estas tierras los ibéricos, la “concordia” se impuso a sangre y fuego; la Constitución de 1945, para generar una nación de legítima concordia; y los Acuerdos de Paz de 1996, pauta de lo que se debió hacer pero que no se hizo. El resto del museo quedaría vacío o, peor aún, manchado de sangre por doquier.

Si hablar de reconciliación ya fue una quimera imposible, hablar de concordia en el contexto no solamente de los últimos casi 500 años en Guatemala (desde 1524), sino que también del infierno de violencia criminal y política del presente, es una verdadera afrenta para nuestros cuatro pueblos. Aún el gestor de la “reconciliación”, Monseñor Quezada Toruño, afirmó siempre que la misma sería imposible sin lograr, previamente, la verdad, la memoria histórica, la justicia, la petición de perdón y el resarcimiento de las víctimas. La reconciliación sin estos prerrequisitos tiene otro nombre: impunidad, arrogancia y poder para los victimarios y frustración, decepción y justa ira para las víctimas.

Según el “globito” lanzado por los veteranos militares, con las mejores técnicas de la guerra psicológica y no pocos recursos, se utilizaría para el museo el sitio actual de los Archivos de la Policía Nacional.  Hablando del dinero, entre paréntesis, la gente se pregunta de dónde sale tanto dinero para publicar cientos de páginas de “campos pagados”. ¿Serán gratis? ¿Tienen tantos recursos los veteranos del Ejército? ¿Fueron a parar acá los cuantiosos recursos esfumados del Instituto de Previsión Militar? En el tiempo del conflicto armado, los recursos para la guerra psicológica salían del Estado y la CIA. ¿Y ahora?

El sitio actual de los Archivos de la Policía Nacional, el antiguo “Palacio” de la Policía Nacional, la Escuela Politécnica, todas las bases militares en el país y cientos de otros lugares aún clandestinos son lo que en el mundo de los derechos humanos se conocen como sitios de memoria histórica. En países como Argentina y Chile, en donde se desarrollaron “guerras sucias”, como en Guatemala, esos sitios se han entregado a las víctimas o a sus familiares para que ellos decidan qué hacer para recordar a sus seres queridos que fueron torturados, muertos y desaparecidos, por ejemplo la ESMA en Buenos Aires y Villa Grimaldi en Santiago. Dudo muchísimo que las víctimas en Guatemala quieran destinar cualquiera de esos sitios a un “museo de la concordia”. Quizás algunos sugerirían “museo del horror”, otros “museo de la deshumanización” y otros muchos dirían que más que un museo deben convertirse en centros para educar y formar en el “Nunca Más”.

El largo y difícil camino de la verdad, iniciado con el Informe del REMHI, los trabajos de antropología forense y el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico aún tiene mucho trecho por delante. Más en pañales se encuentra la justicia, con algunas pocas condenas, como en el caso de las Dos Erres, la desaparición de Fernando García y la condena de Ríos Montt por genocidio, dejada en suspenso por la “Corte de Constitucionalidad e Impunidad”. Pero se trata de 200,000 muertes, 45,000 desaparecidos y no menos de 1,000 centros de tortura. Y no se trata de clamar “venganza” ni del “ojo por ojo” bíblico. Simplemente, la verdad de los hechos debe darse a conocer, como ahora está ocurriendo en los tribunales de Guatemala, España y Estados Unidos; y todos los responsables deben comparecer ante la justicia para cumplir sentencias de prisión por delitos de lesa humanidad –genocidio, tortura y desaparición forzada—y otros crímenes, al ser demostrados.