Impunidad: Situación por la cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por ley le corresponde.
Extraída del diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 12ª Edición. Esta es la definición del vocablo que para los guatemaltecos es como el pan de cada día. Y no es para menos, la impunidad es un mal endémico que lamentablemente ha tenido presencia a lo largo de la historia en nuestro país. Por ejemplo, cuando vemos que una persona arremete a golpes contra un niño, una mujer o un anciano, por ley este sujeto debe recibir justo castigo, lo mismo para el funcionario público que cometa fechorías en el ejercicio del cargo que desempeña. El no denunciar o castigar estos u otros delitos nos hace automáticamente cómplices de ese mal de males llamado, IMPUNIDAD. Hoy por hoy nuestro país se destaca -entre otras cosas- por ser un paraíso de la impunidad, principalmente en lo que respecta a delitos contra la vida. Y esto lo confirma el clima de violencia e inseguridad en que vivimos diariamente, y lo es La sensación de impunidad es generalizada, y no es para menos, a julio de 2008 han sido asesinados sólo en el departamento de Guatemala, 41 pilotos y 11 ayudantes del servicio de transporte urbano por disparos de arma de fuego. De estos 52 crímenes no se ha detenido, procesado o condenado a ninguna persona. Han sido 52 vidas que fueron cegadas a todas luces y que hasta hoy permanecen en la total impunidad. Esto por mencionar un caso. Pero la impunidad también tiene otras caras y sucursales, tal como lo vemos en la evasión fiscal, las inversiones millonarias que los funcionarios de gobierno promueven para percibir ganancias que van directamente a sus cuentas personales, o en la deforestación de bosques y contrabando de especies animales, las cuales ocurren cotidianamente a la vista y con consentimiento de las autoridades fronterizas.
Panorama poco alentador
Es cierto, el panorama no es alentador, lo es menos al saber que sólo el 2.63% de los casos de delitos contra la vida que conoce el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia son resueltos, lo cual implicaría que hay 97.37% de impunidad sólo en este tipo de hechos, qué decir de los temas administrativos, migración, educación, salud y la lista continúa. Y en contraste con esto, está nuestra sociedad que ya no confía y ya no cree en sus instituciones y que manifiesta su intolerancia cometiendo nuevos delitos. Un claro ejemplo son los linchamientos. Con esta práctica muchas comunidades pregonan un claro mensaje, ya no creen ni confían en las fuerzas de seguridad o en las autoridades a cargo de impartir justicia. Se invisten de justicieros y castigan con chicotes, palos y gasolina a aquellos o aquellas, que supuestamente asaltan, violan, extorsionan, secuestran y matan, distorsionando de esta forma la justicia indígena.
Según el asesor jurídico de la Procuraduría de los Derechos Humanos, doctor Alejandro Rodríguez Barillas, los linchamientos son nuevos delitos derivados de la impunidad. «Estas reacciones sociales informales sólo elevan exponencialmente la violencia en una sociedad que comienza a convulsionar en interminables espirales de crimen», expresó.
Para muestra un botón, en el Informe Circunstanciado 2007 del Procurador de los Derechos Humanos, se resolvió que a 212 funcionarios públicos se les probó que en el ejercicio de su cargo, violaron los derechos humanos de las personas denunciantes. Esto quiere decir que se está rompiendo el silencio y golpeando el muro de la impunidad. Lo cual se traduce en que Guatemala está adoptando -positivamente- la cultura de la denuncia y con ello, la posibilidad de comenzar a construir un país donde este mal de males sea combatido por el Estado de la mano de sus ciudadanos.
Se crea Unidad contra la Impunidad
Así es como el Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio Fernando Morales crea la Unidad contra la Impunidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual se encargará de ejercer un control administrativo de los funcionarios y autoridades que operan el sistema de administración de justicia, buscando garantizar el respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y los procedimientos establecidos en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado es parte con pertinencia cultural e iniciará acciones legales cuando corresponda, en apoyo a las víctimas de delitos, y en cuyos casos no han sido tratados o resueltos con justicia y equidad, por las instituciones del Estado responsables y coadyuvará en la realización de campañas de prevención y divulgación contra el delito, a fin de prevenir, reducir y erradicar la impunidad y garantizar el respeto a los Derechos Humanos.
El licenciado Oswaldo Enríquez Contreras, titular de la unidad en mención al ser consultado afirmó: «La Unidad contra la Impunidad es principalmente una ampliación de la confianza que ha mantenido la población guatemalteca en la institución del Procurador de los Derechos Humanos, ya que la impunidad es un fenómeno sistémico que lamentablemente ha acompañado la historia de nuestro país. Además, es la primera vez que un magistrado de conciencia crea una unidad para combatir la impunidad dentro del marco del mandato constitucional que tiene el Procurador». Asimismo, Enríquez Contreras explicó que la unidad a su cargo también se encargará de evaluar el trabajo de aquellos que imparten justicia, pues se tienen denuncias, de que la justicia es vedada, retardada y retorcida por quienes tienen como responsabilidad investigar y emitir resoluciones judiciales.
Por su parte la licenciada, María Ester Roldán Pleitez, quien durante 20 años ejerció como jueza en el organismo Judicial, y que actualmente se desempeña en la Unidad contra la Impunidad indicó que dicha instancia se encargará de identificar los obstáculos que impiden la independencia judicial así como las limitantes de los fiscales y demás operadores de justicia. «Lo que queremos detectar son las dolencias de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y del organismo Judicial y de otras instituciones del sector de justicia y plantear alertas tempranas y recomendaciones, o en su caso pronunciamientos o resoluciones del Magistrado de Conciencia».