Nunca capturan a los sicarios ni, mucho menos, a los autores materiales; si por presión de la CICIG se ha capturado a los responsables del desfalco de casi mil millones de quetzales en el presupuesto del Ejército, nuestros tribunales los envían de vuelta a su casa sin siquiera imponerles fianza. Pero el implacable y tremendo aparato de justicia se movilizó ayer a solicitud del Superintendente de Bancos, señor Barquín, para mandar a la cárcel a un joven que emitió una opinión sobre en qué banco deben tener depositado su dinero los guatemaltecos.
«Â¡Delito de Pánico Financiero!», gritó el superintendente y en menos de lo que canta un gallo localizaron a un joven que expresó su opinión en un sitio de Internet. Porque según lo que se lee en el mensaje, el joven no propaló noticias falsas sobre la situación financiera del banco, sino simplemente expresó su opinión respecto a dónde depositar sus ahorros. Y a diferencia de los militares encausados por el robo de casi mil millones de dólares a quienes no se fijó siquiera fianza, al joven internauta se le impuso como fianza el equivalente al máximo de pena pecuniaria que se le puede aplicar por el terrible delito de terrorismo financiero.
Si la misma eficiencia hubieran tenido para encontrar a los asesinos de Rodrigo Rosenberg, la crisis política del país estaría superada porque se estaría dando lo que los guatemaltecos claman desde todos los estratos sociales, es decir, justicia plena e imparcial. Dicen que el Estado es incapaz de sancionar a los delincuentes porque no tiene medios para investigar y que apenas un dos por ciento de los crímenes llegan a sentencia. Pues dentro de ese dos por ciento miserable e ínfimo seguramente veremos el que ha tipificado la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público contra un ciudadano que simple y sencillamente expresó su opinión respecto a dónde depositar su confianza. No cuestionó la solidez de ninguna institución financiera sino ejerció su derecho a la libre emisión del pensamiento y opinó de acuerdo a la libertad constitucional.
Pero al margen de la discusión sobre si es o no delito, lo impactante es esa celeridad, eficiencia y severidad del Estado para actuar en la aplicación de la ley. Tristemente no es igual en todos los casos y por ello decimos que hay impunidad selectiva que viene a minar más aún la confianza en las instituciones. Hay que defender el Estado de Derecho, por supuesto, pero primero hay que crearlo porque no se puede defender lo inexistente y no nos pueden hablar de Estado de Derecho cuando la justicia se aplica únicamente cuando así le conviene a quienes gobiernan y se niega en el resto de los casos.