Una de las lecciones de la CIA al aparato contrainsurgente del país fue lograr la impunidad a toda costa. Enseñó, en la teoría y en la práctica, que cualquier acto, aun bestial, es posible, porque los “poderosos” no rinden cuentas a la justicia. Con los Acuerdos de Paz concluyó la insurgencia; pero los “poderosos” no solamente siguen exigiendo el deleznable privilegio de la impunidad pasada, sino que han trasladado dicha impunidad de la guerra a la “vida democrática”, con actos inconstitucionales, ilegales o ilegítimos
El manto de impunidad a Ríos Montt ha sido puesto por la Corte de (In) Constitucionalidad (CC): impidió que compareciera ante tribunales fuera del país; permitió que fuese candidato presidencial; y dejó sin efecto su condena por genocidio contra el pueblo Ixil. Borracha de poder, la CC sigue pisoteando la Constitución para garantizar la impunidad: violó la norma constitucional que establece que la Fiscal General debe mantenerse cuatro años en el ejercicio de su cargo. Al recortar dicho período, evita juicios por crímenes de lesa humanidad y por actos de corrupción y abuso de poder de quienes manejan a la CC, incluidos hechos ilícitos que a diario se producen.
Reina la ilegalidad, ya sea por retorcimiento de la ley o por acciones ilícitas; pero se profundiza para mantener la impunidad, como el acto de Inquisición del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de suspender y multar a la jueza Yassmin Barrios. Si bien la decisión no está en pie, en tanto no ratificada por la Junta Directiva del Colegio, los “poderosos” presionan para que la jueza abandone el Organismo Judicial. Esa impunidad que se busca a toda costa, incluso con amenazas y ataques, se aplica por igual a los grandes capos de la represión –responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad– la corrupción y el crimen organizado y a los sicarios y operarios que ejecutan toda clase de delitos al servicio de los “poderosos”.
Se suma a esta podredumbre la ilegitimidad, como la decisión de la Comisión de Postulación de excluir a Claudia Paz y Paz, que resultó ser la mejor calificada para Fiscal General. Podría ser “legal” el cambio constitucional que permitiera la reelección presidencial, como Pérez propone; pero la medida es ilegítima. Cada cuatro años, la ciudadanía ha dicho NO a la continuidad del presidente y la fuerza política responsable del desgobierno. La DC fue castigada y el golpista Serrano fue derrocado; el PAN fue rechazado después de que Arzú subastara el país; el FRG fue echado pese al populismo de Portillo; la GANA desapareció de la escena luego del pésimo gobierno de Berger; la UNE fue descartada pese a la maquinaria de los Colom; y nadie da un centavo por Pérez y el PP. ¿Quién quiere la reelección de los pillos? ¿No bastan cuatro años para saquear al Estado? Más bien, hay que introducir en nuestro sistema político el “artículo revocatorio”, para quitarnos de encima mediante referendos a presidente, vicepresidente y diputados. Urgen cambios radicales a nuestro fracasado sistema político; igualmente, el fin del nefasto gobierno. ¿Es ya tiempo de pedirle la renuncia al binomio Pérez-Baldetti?