El 94.58 % de los procesos penales por contrabando aduanero se encuentran en impunidad. De acuerdo con analistas, el impacto de este ilícito incide en la recaudación fiscal y por lo tanto en la economía y el desarrollo del país, mientras que los empresarios quedan sujetos a competencia desleal y los consumidores expuestos a productos de dudosa procedencia.

Datos estadísticos del Centro Nacional de Análisis y Documentación del Organismo Judicial (Cenadoj) refieren que desde el año 2008 hasta el primer semestre del año 2012 ingresaron mil 422 casos por delitos contemplados en la Ley contra la Defraudación Aduanera y Contrabando Aduanero.

De estos casos, han recibo sentencia 77 procesos, siendo 69 condenatorias y 8 absolutorias.
En relación a las cifras, un 94.58% de los casos por trasiego de productos continúa impune.

Édgar Balsells, quien fue ministro de Finanzas Públicas y director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), indicó que la cifra de impunidad se debe al retraso en la discusión de políticas económicas con el OJ, principalmente con todos los contenciosos administrativos y los juicios relativos al pago de impuestos o infracciones impositivas por las empresas.

Según Balsells, el impacto social de la defraudación y contrabando aduanero es principalmente fiscal, pues repercute en la baja recaudación de impuestos por parte de la SAT, en la existencia de la economía subterránea y en la competencia desleal.

Asimismo, Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, en relación a las investigaciones y al porcentaje mínimo de sentencias que ha generado sistema de justicia, indicó que no ve una diferencia marcada entre la impunidad por el contrabando y otro tipo de crímenes, por lo que como primera medida señaló importante desentrampar el sistema  “lento y burocrático”.

Por aparte, Castillo también dijo que la lista de productos que ingresan al país de manera ilegal, es infinita: “va desde combustible, cigarros, licor, alimentos de consumo diario, pastas, huevos, arroz, medicinas, artículos de plástico, etc.”.

LA COMPETENCIA MÁS FUERTE

Por la repercusión que tiene en los ingresos del Estado, que deja de percibir cantidades millonarias de impuestos; por las consecuencias en la seguridad y la economía nacional, Castillo, resaltó que el contrabando es la competencia desleal más fuerte en la industria y el comercio.

Según refiere, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en el año 2009,  dejó de recibir 6 mil millones de quetzales  por contrabando y alrededor de 5 mil millones por evasión fiscal.

Carlos González Arévalo, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señaló que el contrabando “desmoraliza” a los empresarios que importan y pagan todos los impuestos que la ley establece, pues la competencia desleal que representa el trasiego ilegal, no les permite lidiar con los precios bajos del mercado negro.
En anteriores declaraciones, Jorge Briz,  presidente de la Cámara de Comercio, señaló que de Q6 mil a Q8 mil millones se pierden cada año producto del contrabando y la defraudación aduanera.

PLAN DE ACCIÓN
De acuerdo con la Comisión Nacional contra el Contrabando y Defraudación Aduanera (CONACON), existen 115 puntos ciegos para el trasiego de productos: 54 puntos de contrabando con México, 34 con El Salvador, 25 con Honduras y dos con Belice; por donde se ingresa de manera ilegal cal, café, combustible, ganado, granos básicos, licores y artículos de primera necesidad, para lo que se detectó son utilizados un  poco más de 80 vehículos livianos, 45 camiones y dos centenares de peatones al día.
En ese sentido impulsan una propuesta que consiste en un proceso de control de 963 kilómetros de frontera con México, otros 212 con la zona adyacente a Belice, unos 255.7 en límite con Honduras, 203.31 que dividen a la nación con El Salvador, y otros 319 con el litoral del Pacífico.