Cada dí­a decenas de muertes violentas quedan impunes en el paí­s, lamentablemente los delitos contra la vida no son los únicos alcanzados por la crisis de impunidad que afecta a Guatemala.

En el área laboral también existe un elevado número de impunidad, sin embargo, la falta de mediciones por parte del Estado y de la sociedad civil no permiten medirla a través de porcentajes como en el caso de la primera.

La segunda debilidad en estos casos es que el Estado mismo no contempla una agenda real para abordar la problemática, lo que la minimiza y al mismo tiempo la empeora.

Daniel Vásquez, representante de la Federación Sindical: Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua) explica que la impunidad laboral tiene un origen histórico en el Organismo Judicial (OJ), ya que el presupuesto asignado para esa área «nunca ha sido suficiente», indicó.

Vásquez reconoció que aunque los esfuerzas han dado escasos resultados, como la reciente creación de ocho nuevos juzgados de Trabajo para la ciudad capital, el cúmulo de procedimientos pendientes de resolver impiden que el avance sea continuo.

«La impunidad laboral tiene varias aristas: hay jueces que aplican criterios civilistas y no laborales al conflicto; además, los procesos son entrampados por los patronos que presentan decenas de recursos dilatorios. Finalmente quizá termina la impunidad, pero llega el hambre por que existe también la falta de ejecución de las resoluciones en los juzgados», explicó el sindicalista.

El entrevistado señaló, además, que el tema de la impunidad puede abordarse también del lado administrativo, sin embargo, «el papel de la Inspección de Trabajo es débil y se queda estancado por prebendas y presiones de las empresas», criticó.

«La opción deberí­a ser la ví­a administrativa debido a que en lo judicial espera al trabajador un tortuguismo de procesos, pero no es así­. Lo que esperamos es que con las nuevas judicaturas se disminuyan esas enormes y lamentables cantidades de expedientes que generan impunidad», dijo Vásquez.

NEGOCIACIí“N

Edgar Rodrí­guez, ministro de Trabajo fue consultado sobre el tema y respondió de inmediato que espera que la acumulación de casi 4 mil conflictos laborales anuales disminuya en el OJ con la creación de los ocho nuevos juzgados de Trabajo.

El Ministro de Trabajo opinó respecto a la impunidad: «Yo siempre he sido del criterio que es mejor un mal arreglo que un buen juicio», refiriéndose a que los procesos en el OJ «duran una eternidad, y al final es peor porque el trabajador necesita su dinero ya y creo, dentro de las facultades que la Ley nos da como ministerio preferimos que de Q100 reciba Q90 pero rápido», indicó.

Rodrí­guez también fue cuestionado sobre las acciones que impulsa esa cartera en el marco de la crisis de impunidad laboral que enfrenta el paí­s, a lo que respondió: «Estamos viendo cómo regulamos la situación de los recursos amparo y las inconstitucionalidades en temas tan especí­ficos

El Ministro expresó estar consciente de las acciones que el patrono interpone para entrapar y ganar los procesos laborales: «La legislación está hecha a esa medida», indicó, sin embargo, dijo: «Trabajar» para cambiarla y «hacerla a la medida de la gente que tenemos que proteger, pero esa es una cuestión legislativa, ni el Ministro tiene que ver», declaró el funcionario.

Rodrí­guez insistió en apostarle a los ágiles e inmediatos en el OJ, por lo que dijo trabajar en un proceso de arbitraje en Derecho Laboral, para que no quepan recursos contra lado arbitral: «someter los casos a un proceso de tres meses, donde las partes pongan cada uno a su árbitro y vean y solucionen en conflicto de una vez, y que no proceda ningún recurso», explicó.

Vásquez, representante de los sindicalistas calificó de «apreciaciones irresponsables» las declaraciones del funcionario y declaró: «La Ley debe cumplirse, por qué voy a negociar derecho que me asiste», enfatizó.

CRISIS LEGISLATIVA

Aní­bal Garcí­a, diputado independiente y abogado especialista en el área laboral, lamentó que ni en el Ministerio de Trabajo ni otras instituciones existan estadí­sticas que permitan medir la crisis de impunidad laboral en el paí­s, la cual a su criterio es «absoluta».

«La impunidad no se puede medir por datos sino por realidades, es lamentable que los juicios duran cuanto los patronos decidan, que sea el área donde más se abusa del amparo y conflictos de jurisdicción que haya desatención en la sociedad civil y en el Ejecutivo, no se puede medir pero es absoluta», declaró Garcí­a.

El diputado explicó, además, que la impunidad en materia laboral sólo favorece a los patronos y empresarios y que existe un promedio de 5 mil casos anuales de los que se acumulan 4 mil en los juzgados del Organismo Judicial.

Garcí­a agregó que el tema laboral es obligatorio en el Congreso, sin embargo, los movimientos sindicales y campesinos no entran en la agenda legislativa lo cual demuestra que la agenda laboral en el Congreso no es prioritaria.

Actualmente sólo existen en el Legislativo dos iniciativas en materia laboral que aún están en discusión, pero ¿por qué el Congreso ha ignorado el tema laboral ante tal crisis de impunidad?, Garcí­a intentó darle respuesta a esa pregunta indicando que «a los partidos más grandes, la agenda laboral no les interesa porque son financiados por los patronos; la mayorí­a responden a los intereses de las grandes empresas, además, porque la mayorí­a de proyectos son de derecha y la negociación colectiva no cabe en esa ideologí­a», explicó.