La niñez es la verdadera ví­ctima por antonomasia de la violencia y la impunidad que se sufre en el paí­s, según Carlos Castresana, jefe de la CICIG.

Según Castresana, entre los grupos más expuestos a las agresiones en una sociedad como la guatemalteca (mujeres, indí­genas, pobres), las niñas y niños sobrellevan una carga más fuerte, debido a que la violencia que se dirige contra ellos «es más impune que todas las violencias; por eso son secuestrados, vendidos, violados y traficados».

Las declaraciones del comisionado se dieron en el marco de la firma de un convenio entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para combatir la impunidad de los delitos y crí­menes contra esa población.

«Es un dí­a importante, porque el convenio que firmó la CICIG y Unicef significa la concreción de un esfuerzo de colaboración (…) para que ambos organismos puedan acercarse al cumplimiento de sus mandatos», refirió Castresana.

El titular de la CICIG reiteró que las instituciones no están en condición de dar respuestas a estos crí­menes. «No se produce la persecución y castigo de los responsables, ni la reparación de las ví­ctimas», argumentó el entrevistado.

CONVENIO

El acuerdo firmado esta mañana entre ambos organismos se enfocará en tres áreas: colaboración en el desarrollo de estudios sobre impacto de la impunidad en la niñez, apoyo a las reformas legales y elaboración de propuestas a los aparatos de justicia y seguridad.

Adriano González, representante para Guatemala de Unicef, reiteró la necesidad de que el Congreso de la República apruebe el marco jurí­dico adecuado para la protección de la niñez.

González estimó urgente la aprobación y puesta en marcha de nuevas leyes en materia de arma y municiones, trata de personas e investigación criminal.

Datos de Unicef dan cuenta que en promedio 46 niños y niñas mueren violentamente en el paí­s, y la principal causa de muerte es por arma de fuego.

ADOPCIONES

Uno de los temas prioritarios que forman parte de la cooperación entre ambas instituciones lo representan las adopciones ilegales. De acuerdo con Castresana, apoyarán a Unicef enfocados en la falta de respuesta institucional a los mil expedientes que están en un impasse, ya que se desconoce el paradero de los infantes.

Tales expedientes son parte de los más de 3,200 casos de niños que tení­a a su cargo la Procuradurí­a General de la Nación (PGN), los cuales fueron revisados por el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) luego que la Ley de Adopciones cobrara vigencia el 31 de diciembre de 2007.

PROTECCIí“N

Según Elizabeth de Larios, presidenta del CNA, obtuvieron 975 medidas de protección de juzgados de niñez y adolescencia, por lo que se fijará un plazo de 48 horas para que los notarios que llevaron el proceso se presenten ante el juez competente con el infante, de lo contrario se les impondrán las sanciones correspondientes.