La compra y venta de maíz por parte del Estado puede ayudar a regular los precios, generar reservas alimentarias para situaciones de emergencia -como las sequías- y quizás pueda en algún momento ayudar a que el campesinado provea a la industria nacional del maíz que necesita.
Esta propuesta fue discutida en un seminario internacional llamado «La regulación pública del mercado de los alimentos básicos», organizada por el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Congcoop, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC- y se sumaron varias organizaciones internacionales de Centroamérica, Suramérica y México.
Para poner en el contexto actual este tema cabe señalar que a mediados del año pasado los precios internacionales de los granos básicos tuvieron una de las alzas más elevadas que se hayan registrado en la historia. En junio de 2008, la bolsa de Argentina cotizaba a US $312 por Tonelada Métrica -TM-, y Estados Unidos a US $332 la TM de este grano.
Esto sin duda afectó a Guatemala, que importa cerca de 600 mil TM de maíz amarillo en un año, y empieza a perder su autosuficiencia de maíz blanco. Si no se hubiera desmantelado la producción campesina de granos básicos -por la apertura a los granos subsidiados de EE.UU. y el cierre del Sistema Público Agropecuario-, esa alza desmedida no hubiera tenido tanto impacto en la población consumidora de Guatemala. Con esa alza, algunas industrias volvieron la mirada a la mínima producción nacional que había, situación que fue aprovechada por el coyote para obtener mayores ganancias, y no por el agricultor. Mientras que las transnacionales que venden granos, Cargill, ADM y otras, no dejaron de percibir millonarias ganancias por los altos precios de estos granos.
Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si en lugar de comprar a ADM y Cargill, nuestra industria hubiese tenido la posibilidad de comprarle al sector de los pequeños productores? Según el Censo Agropecuario 2003, 91% de las personas dedicadas a la agricultura son productores de infrasubsistencia y subsistencia (cerca de 800 mil personas entre ellas unas 150 mil mujeres posibles jefas de familia). En tanto, sólo la producción de maíz representa el 1% del PIB, y el 68% de la producción de maíz blanco proviene de pequeñas y pequeños productores.
En esas condiciones ¿no creen que Guatemala esté en condiciones de cubrir parte de esa cuota de maíz que se está importando? Por supuesto, no es una tarea fácil alcanzar una producción con rendimientos y una economía de escala de pequeños productores, para cubrir este déficit de maíz del país.
Por esta razón, el IDEAR presentó la propuesta de un Instituto Nacional de Abastecimiento Alimentario -INABA-, para la compra y venta de granos básicos, que ofrezca precios de garantía a los pequeños productores y que participe en el mercado con precios más justos para las zonas rurales más vulnerables. La diferencia de esta entidad con las que existieron hace dos décadas en Guatemala y nuestra región radica en que tendría niveles de descentralización, con más participación del sector productivo en la administración de este Instituto.
Con este impulso de la producción campesina de maíz, no se hará millonarios a los productores como ADM y Cargill, pero sí podría ser un impulso verdadero para este sector que actualmente vive con uno de los niveles más altos de pobreza.