El gobierno conservador francés presentó hoy en la cámara de Diputados una nueva y polémica ley de inmigración que facilitará la expulsión de extranjeros en situación irregular, incluidos de la UE, y retirará la nacionalidad francesa a criminales de origen extranjero.
«Estas medidas para luchar contra la inmigración ilegal son la condición para la integración de la inmigración legal», afirmó ante un hemiciclo casi desierto el ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson.
El proyecto, que Besson había presentado horas antes al bloque de la oficialista Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha), retoma las medidas del denominado «discurso de Grenoble» del presidente francés Nicolas Sarkozy de fines de julio, que marcó un endurecimiento del discurso oficial en inmigración y seguridad, al vincular directamente la delincuencia a la nacionalidad.
Como propuso Sarkozy, la iniciativa contempla la posibilidad de despojar de la ciudadanía francesa a las personas de origen extranjero que hayan sido naturalizadas hace menos de diez años y atenten contra un agente de las fuerzas del orden o un representante de la autoridad pública, desde un juez hasta un bombero.
En la actualidad, la nacionalidad francesa –que cada año obtienen unas 100.000 personas– puede retirarse por una condena por delitos de terrorismo y contra la seguridad del Estado.
Diversas asociaciones rechazaron la creación de una «jerarquía entre franceses según su origen» o como afirman algunos «entre franceses de nacimiento y franceses de papel».
El propio Besson declaró poco antes en un diálogo con lectores del diario Le Parisien que estaría «muy feliz» si su ministerio pudiera «fabricar buenos franceses», interrogado por un lector que utilizó esa expresión y que consideró que los inmigrantes aportan también «su cultura, y su filosofía».
El dispositivo, que integra reglas europeas y llega al Parlamento semanas después de la agria polémica entre las autoridades francesas y de la Unión Europea sobre la expulsión de gitanos de origen rumano o búlgaro «para garantizar la seguridad pública» según el propio Sarkozy, prevé la expulsión de extranjeros que abusen del derecho de estadía, inclusive para los europeos.
Este nuevo proyecto de ley de inmigración, el quinto en siete años, restringe igualmente las condiciones de estadía en territorio francés.
El texto aumenta de 32 a 45 los días de retención de extranjeros antes de su expulsión y aplaza el lapso durante el cual el extranjero es presentado ante un juez de libertades, para que antes sea presentado a un juez administrativo, una medida que según organismos defensores de los derechos humanos y de los inmigrantes facilita la expulsión y vulnera los derechos.
El texto contempla también la lucha contra los matrimonios en blanco (de conveniencia) que incluye una condena de siete años de cárcel y 30.000 euros de multa, y la limitación de estadía en Francia de los extranjeros con problemas de salud que representen «una carga» para el sistema público de salud.
La iniciativa debería ser aprobada sin problemas en la cámara Baja dentro de una semana donde la UMP tiene mayoría. Luego irá al Senado, donde los debates serán más agitados.
El proyecto, que según el diario francés Liberation «convierte a los extranjeros en chivos expiatorios» fue sumamente criticado por juristas y dirigentes de la oposición.
Los socialistas advierten que este texto es una «regresión del Estado de derecho» y lo atribuyen a un nuevo intento del gobierno de Sarkozy por atraer al electorado de ultraderecha de cara a las elecciones de 2012.