El presidente de Ecuador, Rafael Correa, comenzó a promocionar la consulta popular del 15 de abril sobre una Constituyente a espaldas de un Congreso paralizado por una pugna de poderes, y denunciando una campaña sucia y millonaria contra el plebiscito por parte de la oposición.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio luz verde a la difusión del plebiscito que ha desatado una intensa pugna que enfrenta al Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional (TC), garante de la Carta Política que quiere cambiar Correa.
«Comenzó la campaña. Los medios van a recibir todo el material necesario para que puedan difundir. Obviamente no es solamente el trabajo del TSE. Principalmente le corresponde al convocante», sostuvo ayer el presidente del organismo, Jorge Acosta.
Correa se anticipó al «pistoletazo» de la corte electoral y, desde el balcón del palacio presidencial, instó el miércoles a miles de campesinos, negros e indígenas a respaldar el plebiscito, no sin antes fustigar a la oposición.
El mandatario, subido también en la cima de una popularidad del 69% según Cedatos-Gallup, advirtió que sus detractores están tras una campaña millonaria que busca involucrarlo «con los modelos extranjeros, el terrorismo» para boicotear la consulta.
«Ya los grupos opositores, con sus millones de dólares, preparan una campaña terrible (…) diciendo que la Asamblea es para derrumbar la dolarización, imponer en Ecuador modelos extranjeros, el terrorismo», sostuvo el mandatario.
Mientras el gobierno apuntala la estrategia para alzarse con un triunfo en la consulta, el Congreso continúa paralizado por la destitución de 57 diputados de oposición que, mediante un fallo judicial, intentan recuperar sus curules.
La sentencia dejó sin efecto la revocatoria de los legisladores, aunque fue apelado por el TSE, que en represalia destituyó al servidor público alegando que su actuación torpedeaba el plebiscito.
Ciñéndose a la resolución, el presidente del Congreso, el opositor Jorge Cevallos, rehabilitó a los diputados desencadenando una reacción airada de las fuerzas oficialistas, que lo obligaron a suspender las sesiones hasta la semana próxima.
«Puede ser una alternativa que el Congreso, al no tener la posibilidad de dirimir en un caso constitucional, proceda a suspender su funcionamiento (indefinidamente) aunque aún no lo he decidido», dijo Cevallos.
«No es una disolución (…) ni entorpecer el proceso electoral, es simplemente actuar con responsabilidad y sensibilidad», agregó.
De esa forma Cevallos dejó la suerte del Congreso en manos del TC aduciendo que la pugna continuará mientras el organismo resuelva en última instancia las impugnaciones de los legisladores.
Algunos analistas, por su parte, temen que la anomia que envuelve a Ecuador termine por instaurar una Asamblea con plenos poderes -como lo pretende Correa- que altere el curso democrático.
«Esta consulta popular tiene la característica de que es absolutamente oscura, con reglas oscuras y con el agravante de que busca dar plenos poderes a una Asamblea Constituyente. Eso es una irresponsabilidad», afirmó Andrés Crespo, analista y director del semanario Vanguardia.