La falta de eficientes sistemas de transporte público y de políticas para implementarlos, ha generado en la población de Guatemala la necesidad, léase bien, de comprar vehículos particulares para cubrir sus necesidades de transporte y se adquieren de acuerdo a las posibilidades económicas de las familias. No es un gusto o capricho el que hace que la gente compre autos viejos importados de Estados Unidos o aun de Japón, sino que es una auténtica necesidad derivada de la incapacidad de las autoridades para enfrentar el tema del servicio público con propiedad y talento.
El Gobierno ha dispuesto proponer la creación de un impuesto de Primera Matrícula que sustituye al de los derechos de importación y en el mismo se plantea la prohibición para ingresar al país carros de más de siete años de antigüedad. Desde el punto de vista del ambiente y para evitar que se sigan saturando las arterias, la idea puede ser buena, pero sin el complemento de una agresiva y coherente política para promover el transporte colectivo con eficiencia, precio razonable y seguridad, el daño a la población de clase media puede ser muy duro.
Hay que decir que existe una perversión en el sistema de transporte que se ha agravado con el tiempo. Los mal llamados empresarios son en realidad traficantes de influencias que se hartan con el subsidio y lo aseguran con compromisos políticos que hacen durante las campañas electorales. Una auténtica mafia funciona en el sector y por ello no hay ningún plan serio para reformar el modelo porque los “empresarios” están asegurados a nivel municipal y a nivel nacional gracias a sus contribuciones para movilizar electores.
En casi tres décadas de control del municipio, las autoridades no han podido sino ofrecer proyectos como el de los buses rojos, una auténtica estafa, el del Transurbano que es un negocio sin ninguna transparencia, y el Transmetro que apenas si funciona con dos ramales que le arrebatan vía pública a la red de calles y avenidas de la ciudad. Otros países con características similares a Guatemala han avanzado en sistemas más modernos, eficientes y, por lo tanto, más rentables, que permiten movilización masiva desfogando así las arterias porque para el ciudadano siempre será mejor usar transporte público que carros privados si el mismo es eficiente y de costo razonable.
Desestimular el uso de autos particulares castigando el precio afecta a la clase media y clase media baja. Si al mismo tiempo se invirtiera en verdaderos sistemas de transporte colectivo urbano y extraurbano, especialmente en rutas cortas, otro gallo cantaría. Por ello es imperativo lanzar una política de transporte que puede tener en los fondos del subsidio el capital semilla necesario.
Minutero:
En transporte hay empresarios
con criterios cavernarios
que impiden desarrollo
porque ganan en el hoyo