Es imposible pretender una reforma fiscal en el ambiente de secretismo y ocultamiento de datos que prevalece en la administración pública de Guatemala, donde se han sofisticado las formas para impedir que las entidades de control y fiscalización, no digamos los ciudadanos, puedan conocer la forma en que se gasta el dinero del pueblo. Cuando el actual Presidente estaba en campaña habló en contra de los fideicomisos y lo mismo hizo su Ministro de Finanzas, pero una vez en el ejercicio del poder resulta que no sólo se siguen utilizando, sino que son defendidos a capa y espada porque lo más importante es garantizar que el dinero sea gastado sin que ningún «metiche» se inmiscuya en los negocios que se realizan con el dinero del erario. Al gobierno le termina importando un pepino que esa actitud en el manejo del gasto público se convierta en arma y munición para los que se oponen a los cambios en la tributación porque es mucho más importante mantener el velo de misterio e impedir la fiscalización que cualquier otra cosa. Si el precio de una reforma tributaria tiene que ser el esmero en la calidad del gasto para vencer la resistencia de los ciudadanos, por supuesto que no tendremos ningún gobierno que se proponga seriamente concretar un pacto fiscal que nos lleve a ese equilibrio indispensable entre el aumento de la tributación y la mejora en la transparencia. Y resulta al final de cuentas que todos terminamos jugando el mismo juego, porque no sólo es más fácil, sino que mucho más cómodo y lucrativo que cada quien, en su campo, haga micos y pericos. Mientras la evasión y la injusticia tributaria hacen que paguen impuestos en mayor proporción los que menos tienen, la falta de claridad en el gasto hace que los polí­ticos se aprovechen de los recursos del Estado para su enriquecimiento sin lí­mite. Y mientras tanto el paí­s y su pueblo siguen sin norte ni horizonte porque somos una Patria que languidece en medio de la ausencia de polí­ticas de largo plazo que se orienten en verdad al bien común. Hoy se habla mucho de las polí­ticas de combate a la pobreza mediante la cohesión social, pero fuera de la propaganda es imposible establecer a ciencia cierta cuánto se está aportando, porque nadie puede constatar si el dinero es utilizado para esos fines o simplemente con la intención de posicionar al oficialismo con intención proselitista para captar votos en la próxima elección. Desconfiar en las actuales circunstancias es una obligación ciudadana porque está plenamente demostrado que el interés fundamental de nuestras autoridades es enturbiarlo todo. Si hubiera un manejo inobjetable de los recursos, ellos mismos serí­an los más interesados en hacerlo ver con honestas rendiciones de cuentas, pero como las cosas van por otro lado, el empeño en el secreto es descomunal.