Bueno, vayamos por partes. Nadie está diciendo que este Gobierno no merece mayores ingresos fiscales. De hecho, la gobernabilidad del país pasa por su financiamiento. Obviamente, entre más recursos, se pueden hacer mejores cosas.
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Y no sólo este Gobierno (que no es de ílvaro Colom, sino el Gobierno de Guatemala) sino que cualquier otro, merece una Reforma Fiscal Integral. Por ello, no considero justo que el actual Organismo Ejecutivo quiera pintar esta propuesta como una Reforma Fiscal, ya que sólo desgasta el recurso y no vale la pena hacerlo por poca cosa.
El impuesto a los celulares parece una buena medida; a pesar de que en comunidades rurales el celular ha sido un medio para acortar distancias y mantenerse comunicados, es cierto también que en los centros urbanos se ven a jóvenes, niños y algunos adultos que utilizan estos teléfonos no por necesidad sino como un pasatiempo de lujo.
En parte, por este aumento en el consumo de este producto, al Gobierno se le ocurrió gravar en 15 centavos el minuto, ya que las ganancias de la industria han tenido un crecimiento exponencial. El minuto (según las ofertas navideñas) se está ofreciendo entre 30 y 35 centavos, lo que equivale que el impuesto grava al 50%, más IVA.
La cifra es prometedora: 110 celulares por cada 100 personas; aunque no todos tienen uno, lo que implica que hay quienes tienen cuatro o cinco aparatos. El tiempo de aire, sobre todo cuando hay doble y triple saldo, se vende como pan con frijoles. Y todos felices y todos contentos. Sin embargo, ni las empresas ni la Superintendencia de Telecomunicaciones llevan el control de los números activados.
Si no mal recuerdo, hace tres años, en el Congreso de la República, específicamente el diputado Manuel Baldizón impulsó una iniciativa, que pronto se convirtió en decreto, para regular a las empresas de celulares.
Entre las obligaciones de esta ley, está que las empresas no podían activar aparatos de dudosa procedencia, para lo cual las mismas empresas estuvieron de acuerdo. Esto se hizo necesario ante la creciente ola de asaltos (algunos con asesinato incluido) para arrebatar los teléfonos y revenderlos en el mercado negro, a plena luz del día.
Pese a la ley, los celulares se siguen robando por centenas cada mes. De hecho, el crimen organizado, las pandillas y los delincuentes comunes, se han favorecido por las facilidades que hay en Guatemala para conseguir un celular. Por ejemplo, desde las cárceles, se sabe (y no es secreto a voces, sino verdad a gritos) que los reos siguen manteniendo sus vínculos delictivos gracias al celular. Extorsiones, asesinatos de pilotos y otros delitos, se coordinan gracias al celular.
Por supuesto, este aumento en el consumo del celular (incluyendo el alto uso de él por parte de delincuentes) ha favorecido a la empresa, y precisamente el Gobierno quiere gravar estas ganancias. Obviamente, el Gobierno quiere ese impuesto, que seguramente será para tener más recursos financieros y utilizarlos en fortalecer la seguridad ciudadana, que está ahogada por tanta extorsión, asesinatos y otras acciones del crimen organizado.
Es un círculo vicioso, ¿no? Gravan una actividad, que obviamente no cumple la ley, y el Gobierno, en lugar de combatir el poco control que hay en los celulares, prefiere gravar a los extorsionistas.
Como dije al principio, no dudo que el Gobierno -este o cualquier otro- necesite más recursos. (http://diarioparanoico.blogspot.com)