La Corte de Constitucionalidad le hizo un enorme favor a las empresas tabacaleras que operan en el país al dejar sin efecto parte de la ley que regula el impuesto a ese producto, pero ahora el Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República está haciendo un valioso aporte al país al proponer una nueva normativa que elimina las causales de inconstitucionalidad alegadas por las tabacaleras y aceptadas por la CC, de manera que se pueda restituir el tributo que está destinado, de manera específica, a financiar los gastos de Salud Pública.
En un sistema en el que la compraventa de voluntades es obvia y salta a la vista, hay que destacar la importancia de una iniciativa como la que presentó la Comisión por medio de su presidente, el diputado Mariano Rayo. Porque no es extraño en el Congreso que se legisle a favor de grupos de interés que realizan cabildeo para proteger sus intereses y por lo tanto una iniciativa de este tipo reviste doble importancia, porque no sólo antepone los intereses nacionales, sino que es una muestra de actuación honesta y correcta en un campo totalmente minado por el dinero que corre.
Ahora compete al pleno agilizar la aprobación de la iniciativa cuya finalidad declarada es subsanar la alegada causal de inconstitucionalidad que permitió a la Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto el impuesto que se aplica a un producto nocivo para la salud. Es sabido que aun en sistemas más depurados que el nuestro, la industria del tabaco ha comprado y sobornado a distintos poderes para evitarse el pago de impuestos o para evadir sanciones que se le imponen por afectar tan seriamente la salud pública con la promoción y venta de un producto que es mortal y al que le han agregado ingredientes que lo hacen aún más adictivo para explotar la dependencia de los fumadores.
Nuestro colega Eduardo Villatoro ha comentado la desfachatez de una defensa oficiosa que se hizo de la CC en columna de prensa, lo que lejos de ayudar a limpiar el nombre de la Corte, demuestra los intereses que hay en juego porque se recurre a argucias para realizar esa defensa de lo indefendible.
Nadie puede dudar de las motivaciones que hay para eliminar un impuesto generador de tantos millones que tienen que servir para financiar la salud pública en el país. Los antecedentes históricos aquí y en otros lugares del mundo demuestran que esa industria no se detiene ante nada, ni mucho menos frente a consideraciones éticas, por lo que no se puede descartar que harán cualquier esfuerzo por torpedear esta iniciativa de ley, pero la sociedad tiene que estar vigilante a impulsarla como una necesidad nacional.